Tras casi una década ausente, Venezuela se reincorporó esta semana al Proceso Kimberley, una certificación que busca detener el comercio de diamantes provenientes de zonas de conflicto, dijo el viernes el Gobierno, reseña Reuters.
Entre el 13 y el 17 de noviembre, los países integrantes del sistema de certificación se reunieron en Emiratos Árabes y aprobaron por unanimidad el regreso de Venezuela.
“Con esta decisión del órgano multilateral, la producción y comercialización de los diamantes venezolanos estará apegada a los elevados parámetros de calidad, solvencia y seguridad en la actividad diamantífera a escala mundial”, dijo el Ministerio de Minería en un comunicado fechado el jueves.
Venezuela fue un pequeño exportador de diamantes, con una producción de unos 3.000 quilates al mes hasta que, incapaz de verificar la legitimidad de sus piedras, detuvo la emisión de certificados de exportación en el 2005.
En el 2008, el país se retiró unilateralmente como participante activo en el Proceso Kimberley. Tras su salida, Venezuela no tuvo permiso oficial para exportar diamantes, aunque el contrabando continuó en los años siguientes.
Venezuela lidia con una inflación de tres dígitos y una escasez crónica de productos básicos ante el desplome de los precios del crudo -su principal exportación-, por lo que busca diversificar sus fuentes de ingreso a través de sus enormes riquezas mineras, como oro, diamantes y coltán.
“Venezuela avanza rumbo a la diversificación económica, y al fortalecimiento sostenido de sus reservas internacionales (…) para garantizar el desarrollo socioeconómico de nuestro país, superar el modelo rentista dependiente del petróleo y combatir las agresiones a nuestra economía”, agregó el comunicado.
El Proceso Kimberley busca acabar con el comercio de diamantes de zonas en conflicto, también conocidos como “diamantes de sangre”, que afirma son usados por grupos rebeldes para financiar guerras contra gobiernos legítimos.
El órgano multilateral, que vio la luz en el 2000 en la ciudad sudafricana de Kimberley, exige a sus miembros demostrar que tienen la legislación y las instituciones para evitar el comercio de diamantes provenientes de zonas de conflicto, así como la exportación, importación y controles internos.