Producto de una severa crisis hipertensiva, fue trasladado de emergencia, desde la Cárcel de Ramo Verde a un centro asistencial, el distinguido Luis Enrique Molina, condenado de manera injusta a 30 años de prisión por los sucesos del 11 de Abril de 2002.
Desde que se enfrenta a su injusto cautiverio, hace 13 años y ocho meses, Molina padece de la tensión, gastritis y columna desviada, que le produce fuerte dolor en la planta de los pies. Hace un mes, la hipertensión comenzó a agravarse. Sufrió una crisis fortísima, que casi derivó en un Accidente Cerebro Vascular y que ameritó su traslado de emergencia, a las 2 de la mañana, para un centro asistencial en Los Teques, llamado La Rosaleda. De allí lo enviaron al hospitalito de Fuerte Tiuna, donde lo estabilizaron y lo regresaron a la cárcel de Ramo Verde. Llegó a la 1 p.m. pero a las 4 p.m. debieron sacarlo nuevamente, esta vez para el Hospital Militar, por una crisis hipertensiva severa. Regresó a la cárcel a las 10 de la noche. La droga que le colocaron para contrarrestar la ansiedad que le ocasiona la prisión, lo mantuvo sedado por espacio de una semana
La gravedad de su padecimiento obligó a los custodios a un nuevo traslado. Al día siguiente lo atendió una cardióloga en el Hospital Militar. Pese a la negativa inicial por tratarse de un civil, a Molina le abrieron su historia. Le practicaron exámenes de rutina, electrocardiograma y le colocaron el holster. Todos los resultados se desconocen, ya que no permiten el acceso a la historia. La crisis hipertensiva persiste, pues se limitan a medicarlo por la emergencia, pero no hay un tratamiento formal, criticó su esposa, Laura Pérez de Molina
Es un tema emocional, porque él no quiere estar preso. “El es inocente”, reiteró su cónyuge. Este miércoles lo trasladaron nuevamente de emergencia. Su esposa desconoce dónde está.
Molina es jefe de servicios generales de Ramo Verde desde el año 2007, trabajos que debieron haberle agilizado el otorgamiento de sus derechos procesales, que le corresponden por trabajo, estudio y buena conducta.
Pero su caso no es único. Los cinco policías metropolitanos son sujetos del otorgamiento de fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena y de la redención judicial de la pena por trabajo y estudio desde el año 2007, todas establecidas en el Código Penal.
Erasmo Bolívar, Arube Pérez Salazar, Héctor Rovaín y Marcos Hurtado ya acumulan casi 14 años de prisión, al igual que Molina. Tanto Pérez Salazar como Hurtado están en una grave situación jurídica por cuanto, con revisión de sentencia, ya tienen la pena cumplida, que alcanzó en el primer caso a los 17 años y en el segundo, 16 años y 8 meses. Ellos enfrentan una privación ilegítima de su libertad
Bolívar y Pérez presentan además graves cuadros de salud. El primero padece desprendimiento de retina, que ameritó una operación de emergencia en el año 2010. Desde ese momento ha solicitado su traslado a un centro asistencial para los chequeos correspondientes. Finalmente se concretó en 2015. Su temor a perder la vista, que a veces se le nubla, se incrementa cada día
Erasmo Bolívar es el coordinador deportivo de la cárcel de Ramo Verde. En diciembre de 2008 se lesionó ambas rodillas en un torneo de baloncesto. La resonancia arrojó una ruptura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha y un edema debajo de la rótula, en la otra. Esto supuso intervenciones quirúrgicas. Los traslados para la rehabilitación aún no han sido aprobados.
En el caso de Arube Pérez Salazar, padece de hipertensión arterial, afección coronaria con obstrucción en una de las arterias, aneurisma intercostal izquierdo, úlcera sangrante con perforación del duodeno y acceso escrotal grave, del que fue operado de emergencia hace dos meses. Sus traslados a los centros de salud se hacen cada vez más necesarios. En todos los casos ha sido trasladado de emergencia.
Pérez Salazar se desempeña como mecánico automotriz y es el responsable de mantener operativas las unidades de traslado del penal.
Los cinco policías metropolitanos son los presos más antiguos de este régimen. Los primeros presos políticos, cuya condena fue ordenada por el presidente Chávez y ejecutada por Eladio Aponte Aponte. Sus familiares piden que sean tomados en cuenta en las discusiones por el diálogo que adelanta la Mesa de la Unidad