El presidente de Bolivia, Evo Morales, cerró el año con una popularidad de 49%, según una encuesta, en momentos en que su partido discute una vía para postularlo a un cuarto mandato hasta 2025, pese a que un referéndum le negó en febrero esa posibilidad, reseñó AFP.
La encuesta realizada por la encuestadora Ipsos para la red de televisión privada RTP, entre el 1 y 12 de diciembre, consultó a 1.060 personas entre 18 y 70 años en cuatro principales ciudades: La Paz y El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, con un margen de error de 3 puntos porcentuales.
El estudio consultó también la tendencia electoral en caso de que el presidente Morales, que asumió en 2006, no se presente a las elecciones generales de 2019. El expresidente Carlos Mesa, actual vocero de la causa marítima boliviana en su litigio con Chile, recabó un 27%, frente al empresario Samuel Doria Medina (13%).
Mesa, ratificado esta semana en la vocería del tema marítimo, precisó que “mi principal responsabilidad con el país es hoy, como no podía ser de otra manera, la causa del mar”.
A pedido del oficialismo, señaló: “si tuviera la intención de llevar adelante otras tareas incompatibles con este trabajo (como una candidatura presidencial), el primero en decirlo públicamente seré yo mismo”, sostuvo el exmandatario (2003-2005).
Morales perdió en febrero pasado un referéndum nacional para modificar la Constitución y permitirle un cuarto mandato de 2020 a 2025, y actualmente sus partidarios buscan un camino para lograrlo.
En ocasión de aquel referéndum, Morales fue afectado por un escándalo mediático que involucró a la firma china CAMC y a la expareja del mandatario, Gabriela Zapata, quien alegaba tener un hijo del gobernante, aunque finalmente se estableció que el menor no existía.
Tras perder el referéndum de febrero, el presidente alegó entonces que fue derrotado con “la mentira de la derecha”.
Afirmando el resultado estuvo contaminado por esa circunstancia, sectores leales al mandatario buscan la forma de habilitarlo a una nueva postulación. Según la oposición su última reelección hasta 2020, producto de una interpretación constitucional, fue ilegal.