El secretario del Sindicato de Empleados de la Alcaldía de Maturín, Alexander Granados, junto al abogado Edilberto Natera y el coordinador regional encargado de Voluntad Popular, Antonio Goncalves, acudió a los Tribunales Laborales para denunciar el despido masivo de trabajadores del ayuntamiento.
Nota de Prensa
Granados explicó, a su salida de la Inspectoría del Trabajo, que introdujeron la queja por los 200 despidos que han ocurrido en el ayuntamiento desde el pasado 30 de septiembre, cuando asumió la administración municipal de forma ilegal, Wilfredo Ordaz, quien apoyado por los concejales del PSUV fue impuesto en el cargo que corresponde de forma legítima Warner Jiménez, hoy perseguido político del régimen de Nicolás Maduro.
El representante sindical detalló que antes del 31 de diciembre botaron a 100 trabajadores que tenían contrato hasta esa fecha; de ese número hay 10 personas con discapacidad, además de 12 mujeres con permiso pre y postnatal, a quienes se les violó la inamovilidad laboral, así como los derechos contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo.
Hay en lista una cifra de 50 empleados y obreros que esperan su despido por la dirección de Recursos Humanos, que sigue órdenes del usurpador Wilfredo Ordaz, así como otros 80 trabajadores contratados durante la gestión del exalcalde chavista José Maicavares.
“La mayoría de los casos tienen tres y cuatro contratos que vale para quedar en puestos fijos a pesar de que no se llamó a concurso, como lo estipula la ley. Los cargos fijos por continuidad de contratos están amparados en los artículos del 45 al 48 de la Ley del Estatuto de la Función Pública”, explicó.
Para el abogado Edilberto Natera hay una larga lista de hasta 600 botados, lo que representa el 10 % de la nómina de la Alcaldía de Maturín lo que califica como un despido masivo, y después de introducir la denuncia esperan que la Inspectoría verifique cada caso en el ayuntamiento para que proceda a dictar el reengance.
El coordinador de VP-Monagas, Antonio Goncalves, destacó que cuando asumieron la Alcaldía en diciembre de 2013 se respetó el derecho al trabajo de los más de 5 mil trabajadores municipales, pese a que había unos 2 mil incorporados por las gestiones de Numa Rojas y José Maicavares, con una clara afiliación política del oficialismo y eran en su mayoría operadores políticos.
“Se está violando el derecho al trabajo a cientos de familias. Estos usurpadores no tienen potestad de botar a ningún trabajador porque están amparados en las leyes del Trabajo y la del Estatuto de la Función Pública. Esperamos que la Inspectoría se pronuncie a favor de estos padres y madres de familia”, dijo.