Las máquinas siguen apagadas. No hubo otra manera de arrancar el 2017 en las plantas ensambladoras de vehículos en Carabobo. La paralización de la producción persiste. Pero en Puerto Cabello la actividad fue intensa a comienzos del año con la llegada de 130 carros que importó el Gobierno directamente en una acción que atenta contra la manufactura local, según reseña el diario El Carabobeño.
El monto de la inversión se desconoce. Pero las unidades compradas en el exterior podrían ser fabricadas en un día por cualquiera de las firmas instaladas en la región de no existir control cambiario y contar con la libertad de importar las piezas para el ensamblaje.
El cargamento arribó al país el 2 de enero en el buque San Alessio proveniente de china. Se trata de unidades tipo taxis Chery Orinoco enviadas a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), ente encargado de la importación y compra en el mercado internacional de bienes y servicios para siete empresas del Estado, que forman parte del conglomerado socialista bajo su coordinación. La negociación con el consorcio asiático se deriva de los convenios de pago con petróleo que Venezuela debe honrar.
Trabajadores del sector automotor en el país han exigido de manera reiterada la paralización de esos negocios que atentan contra la producción nacional. Stalin Pérez, asesor de la Federación Unitaria de Trabajadores Automotrices, Autopartistas y Conexos (Futaac), insistió en que el Gobierno debe enfocarse en planes de reactivación de la manufactura local para garantizar los 100 mil empleos que dependen del sector.
El sindicalista propuso la creación de un plan conjunto de reemplazo de vehículos tipo taxi direccionado por el Ejecutivo junto a las ensambladoras. También se pueden generar planes de financiamiento con la banca y concesionarios para la producción y colocación en el mercado de estos vehículos.
En 2016, solo por Puerto Cabello, ingresaron más de 200 vehículos, 30% de los mismo era camionetas a un costo de entre 60 mil y 90 mil dólares, que se han podido invertir en las industrias nacionales. Pérez exigió al Gobierno la eliminación del convenio cambiario 625 emitido en 2013, que permite las importaciones de vehículos a personas naturales y jurídicas.