Si existe algo que debe acompañar al sistema judicial de todo orden republicano, en las mayores proporciones posibles, es la confianza de sus ciudadanos. Y esta forma de fe, de convicción sublime depositada en un órgano jurídico que más allá de hombres se edifica sobre la base de principios y reglas que exceden en todo momento a la frágil y voluble condición humana -justamente como un mecanismo de contención frente a todo intento ajeno a la justicia, que en términos aristotélicos, congrega a todas las virtudes o es sinónimo de virtud-, representa finalmente el gran pilar central en defensa de la libertad y dignidad humanas, en tanto ha de constituirse por personas independientes de toda línea política para el adecuado ejercicio de sus funciones en las diferentes magistraturas. De entre las tareas centrales de toda judicatura, desde luego según su naturaleza y propósito, se encuentran dos a destacar: en primer lugar, ser la instancia última de control de los demás poderes de índole político, a decir, el Poder Ejecutivo y el Legislativo; y en segundo, aplicar el Derecho a disputas entre individuos o entre individuos y el Estado para la resolución de conflictos, fundamentación ésta última sobre la que reside la seguridad jurídica como garantía, entre otros, del derecho de propiedad. La información antes mencionada resulta capital para todo ciudadano, pues es del desempeño en estas dos grandes y trascendentales faenas que recaerán la confianza y nivel de representatividad que nos identifique o no con la labor judicial de nuestros países, y en tal sentido comprender la importancia que dicho cuerpo y sus correspondientes ramificaciones, a veces vistos como lejanos o desconocidos según el grado de evolución sociocultural que exista, tienen para el desarrollo y la prosperidad. Desafortunadamente, en Venezuela poco es lo que puede agregarse a la expedita desnaturalización y adulteración de la mayoría de los tribunales nacionales, empezando por el otrora conocido Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y demás juzgados (civiles, penales, contencioso-administrativo, mercantiles), varios ahora convertidos en nichos de operarios políticos gubernamentales y penetrados por toda clase de instancias, grupos de interés y actividades ilícitas y opresoras de la sociedad, entre las que se cuenta una cada vez más sistemática y deliberada: la indiferencia –y acaso legitimación- respecto a casos de violaciones de los DDHH, como es aquel relativo al derecho de propiedad, fomentando la incertidumbre, el dolor y la desesperanza en miles de personas víctimas que medidas arbitrarias contra sus bienes y patrimonio de vida en los últimos 18 años. De allí que Cedice Libertad, a través de sus colaboradores y expertos, haya elaborado proyectos de restitución y promoción de la propiedad, con propuestas, entre otras, hacia la situación del Poder Judicial. Domicio Ulpiano, prestigioso jurisconsulto romano, sostuvo alguna vez que la justicia es la virtud esencial que fomenta la armonía de las relaciones sociales, y para ello argumentó que “justo es dar a cada quien lo suyo”, notable concepto que sigue vigente para definir a aquélla. Así, será tarea inaplazable de los venezolanos y de sus representantes llevar al Poder Judicial lo más cercano posible a la idea republicana de independencia, imparcialidad y transparencia, como requisito esencial para, entre tantos, salvaguardar la existencia y protección de la propiedad privada empezando por reparar y tutelar a sus afectados.