En todo sistema de gobierno democrático contemporáneo, la responsabilidad política de los ciudadanos que ejercen cargos de elección popular ha sido un principio invariable. Los gobernantes no sólo están en la obligación de rendir cuentas ante los electores, sobre el ejercicio de sus funciones, sino que la propia ciudadanía tiene el derecho y el deber de también exigirles que rindan cuentas por sus actos; y más aún cuando en sus manos ha sido colocada la responsabilidad de cuidar un bien que no les pertenece, sino que es una cosa de todos, la República.
En los regímenes democráticos el asunto de rendir cuentas ha sido un asunto fundamental, con un profundo impacto en el funcionamiento, y en el desarrollo político y económico de las sociedades. De hecho, como resultado de la evolución histórica de los Estados, la responsabilidad política se ha convertido en uno de los más importantes instrumentos de la ingeniería constitucional, concedidos a los pueblos para desafiar a los poderes del absolutismo; su aplicación en principio significó un duro golpe a las prácticas abusivas del poder, y en la contemporaneidad todavía continua confirmando el grado de fortaleza institucional de determinados Estados, y la capacidad de los controles ciudadanos sobre las propias funciones del gobierno.
En Latinoamérica el debate sobre ingeniería constitucional y el control del poder ha sido un tema que siempre ha estado en constante discusión. Los escándalos de corrupción, y de violaciones de derechos humanos, en los cuales han estado involucrados numerosos gobernantes, han desatado toda clase de crisis políticas; y ante ellas los distintos países en la región han dado ejemplo en demostración de capacidad institucional, específicamente en casos donde Jefes de Estado tienen que responsabilizarse públicamente por sus actos, abandonado el poder. Pero como en muchos otros aspectos, Venezuela siempre se ha destacado por el mal ejemplo, y por el uso abusivo que hace una pequeña cúpula de la institucionalidad democrática, para acabar con la propia democracia.
Este fin de semana, Nicolás Maduro nuevamente demostró lo poco que le interesa cumplir con la constitución, y de manera osada decidió presentar su memoria y cuenta en un espacio donde puede y pudiera evadir cualquier responsabilidad política. Nuestra Carta Magna claramente establece en su artículo 237 el deber que tiene el Presidente de la República de rendir cuentas ante el Parlamento de su gestión anual, en lo político, económico, social, económico y administrativo, conforme lo establece la ley. Pero Maduro creyó conveniente escoger el Tribunal Supremo de Justicia, como lugar donde mejor podía hacer gala de su locuacidad incoherente y encontrar partisanos dispuestos a escucharlo; desafiando así, como en otras oportunidades, a la Constitución y a la voluntad popular.
Fueron casi cinco interminables horas de discurso vacío, sin datos y sin respuestas. Los venezolanos queríamos escuchar soluciones a nuestros verdaderos problemas. Queríamos escuchar algún gesto de rectificación. Pero tan ilusoria memoria y cuenta, sólo describió un país de las maravillas, divorciado absolutamente de la realidad y sin ninguna demostración de responsabilidad.
Nicolás ¿Quién da cuentas por la inseguridad? Según datos del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) el año 2016 cerró con una cantidad estimada de 28 mil 479 muertes violentas, lo que significó una tasa de homicidios de 91,8 por cada 100.000 habitantes. Hoy el hampa está desatada, el secuestro y los asesinatos inundan nuestras calles arrebatando la vida de la población más joven del país, sin un Estado, sin alguna autoridad que le asegure al ciudadano paz y seguridad. Entonces ¿Quién responde por eso?
Nicolás ¿Quién da cuentas por la situación económica? El año 2016 fue uno de los peores años en la historia económica del país, con una de las mayores contracciones económicas y desabastecimiento; con una tasa de inflación que logró superar el 500%, cuyos resultados más notorios han sido el aumento de la pobreza, el hambre y el sufrimiento de millones de familias venezolanas. Entonces ¿Quién responde por eso? ¿Quién asume la responsabilidad política de las muertes por casos de desnutrición o falta de medicamentos? ¿Quién?
Nicolás ¿Quién da cuentas por el deplorable estado de Hospitales? ¿Quién responde por el presupuesto de las Universidades? ¿O por el salario de Profesores? En fin, ¿Quién da la cara por Venezuela?
Ciertamente el deterioro de nuestra calidad de vida en estos últimos meses ha sido proporcional al nivel de rechazo que la población ha manifestado hacia este gobierno. Pero este pueblo no se ha rendido, cada vez es más consciente de su papel fundamental en la transformación y la construcción de un nuevo país. Y puede que Maduro en un acto de amnesia política haya hecho caso omiso a las terribles circunstancias que viven sus ciudadanos, pero el pueblo ha tomado cada elemento como una razón de peso para seguir luchando y exigir cuentas. Definitivamente hoy son cada vez mayores los motivos que lo impulsan a escribir su propia historia.