El liderazgo de la oposición, o quizá será mejor decir, sus más destacados o locuaces voceros han venido repitiendo hasta la saciedad la frase según la cual nuestra propuesta es “constitucional, pacífica y electoral”. Algunas veces he insistido en señalar que ninguna salida puede prescindir del uso de la fuerza, porque todo estado de derecho tiene por último sustento la coercibilidad del derecho, es decir, el empleo de la fuerza para que se aplique el derecho.
Hoy me he sentido complacido al leer en el diario El Nacional el artículo de Carlos Blanco que con acertado tino señala después de manifestar su simpatía con todas las vías propuestas para salir de esta dictadura (referéndum, enmienda, doble nacionalidad, destitución por abandono del cargo) con certero tino precisa “pero si no hay una fuerza institucional suficiente que las apoye, no hay como hacerlas cumplir”.
En la oposición estamos sumidos todos en ese vacío porque no queremos enfrentar la realidad de un régimen to ta li ta rio. Mientras no reconozcamos la necesidad de la fuerza para desalojarlo del poder estaremos ensayando aproximaciones a la solución, pero dando rodeos en torno a ella y provocando en la población entusiasmos y decepciones.
No hace falta insistir en la legitimidad del derecho a la rebelión reconocido tanto por filósofos como por teólogos por la sencilla razón de que los pueblos no pertenecen a los gobiernos, sino que son los gobiernos los que pertenecen a los pueblos. El derecho ‘divino’ de los reyes es tan falso y obsoleto como el derecho ‘deshumano’ de los revolucionarios.
El pueblo al ejercer su derecho a rebelarse contra quien lo oprime así se conduzca bajo el espíritu pacifista de Gandhi, tiene derecho a reclamar el uso de la fuerza, si el tirano pretende hacer uso de ella, más todavía, si el tirano ha construido una fuerza con el propósito directo de impedir la protesta, incluyendo en esa prohibición hasta el derecho a transitar libremente en el país que pertenece al pueblo y del cual el tirano pretende apropiarse.
El llamado por lo tanto a quienes detentan las armas de las cuales el pueblo carece porque se las entregó en monopolio a esos custodios, precisamente para que resguardaran el estatuto constitucional del cual derivan el derecho a usarlas, no solo es legítimo y constitucional, sino es también mandatorio y necesario. Esa es la salida. No nos engañemos a nosotros ni al pueblo.
Caracas, 18 de enero de 2017