El año 2016 ha experimentado un fuerte aumento en el número de parlamentarios que han sufrido violaciones de los derechos humanos o que afirmaron haber sufrido tales violaciones, de acuerdo con las estadísticas de un informe de la Unión Interparlamentaria (UIP), organización mundial de los parlamentos nacionales, para preservar la paz y un impulso positivo para el cambio democrático a través del diálogo político y la acción concreta.
Nota de prensa
Estas señalan una vez más los peligros que enfrentan los parlamentarios de todo el mundo en el ejercicio de su mandato y su derecho a la libertad de expresión.
Con motivo del Día de los Derechos Humanos, 2016 (10 de diciembre), la UIP publicó su mapa de Violaciones de los Derechos Humanos de los Parlamentarios – 2016. Esta visión general de los casos bajo revisión del Comité de los derechos humanos de los parlamentarios de la UIP, muestra un aumento general de violaciones de los derechos humanos de los parlamentarios, por tercer año consecutivo.
En 2016, el Comité examinó la situación de un total de 459 parlamentarios de 42 países, frente a 320 parlamentarios de 43 países en 2015 y 311 parlamentarios de 41 países en 2014. Los nuevos casos relativos a 196 parlamentarios se presentaron a la Comisión durante el año que termina.
Las violaciones de los derechos humanos han afectado a parlamentarios en todas partes del mundo: 155 Parlamentarios de las Américas (34%), 110 de Asia (24%), 89 de África (19%), 63 de Europa (14 %), 39 de Oriente Medio y África del Norte (8%), y 3 del Pacífico Sur (1%).
En comparación con años anteriores, en el 2016 se produjo un fuerte aumento de nuevos casos en Latinoamérica, Europa y, en menor medida en Asia y una disminución significativa en los casos en África y Oriente Medio, Norte de África (MENA). Los casos relacionados con los parlamentarios del Pacífico Sur se presentaron a la Comisión por primera vez en los últimos años.
La mayoría de estos parlamentarios son miembros de la oposición (73%), aunque una proporción significativa de ellos (25%) proviene de los partidos gobernantes. En general, el 80% de los parlamentarios afectados son hombres y el 20% de las mujeres (contra 88% y 12%, respectivamente, en 2015).
Las pruebas y otros procedimientos injustos se han convertido en la violación más generalizada de la categoría en el 2016 (del 18,1% en 2015 24,6% en 2016), seguido de la suspensión y la pérdida injusta del mandato parlamentario – en un considerable aumento del 12,3% en el 2015, al 20,7% en el 2016.
Ataques a la libertad de expresión se mantienen relativamente estables (con un incremento del 2% en comparación con 2015), mientras que las detenciones y detenciones arbitrarias han disminuido significativamente (10,8% en 2016 frente a 18,7% en 2015).
“Estas cifras son muy preocupantes y la UIP expresa su preocupación por el uso creciente de demandas y la exclusión injusta de la política como medio para silenciar las voces críticas. El uso del litigio como una herramienta para reprimir la disidencia revela una tendencia pacífica política represiva inquietante que socava la capacidad de los parlamentarios y parlamentos para cumplir con su misión institucional “, dice el Secretario general de la UIP, Martin Chungong.
“En un momento donde las represalias contra los parlamentarios que ejercen su libertad de expresión en todo el mundo siguen aumentando, es más importante que nunca que los parlamentarios manifiesten una mayor solidaridad hacia sus compañeros a quienes les han sido violados los derechos fundamentales “, agregó.
En su 135ª sesión, celebrada en Ginebra en octubre, la UIP se ha comprometido a crear e implementar procedimientos eficaces para garantizar que los parlamentarios puedan expresarse libremente sin temor a represalias, incluida la garantía el cumplimiento del principio de la inmunidad parlamentaria.
Al examinar el papel pionero de los parlamentos en caso de violaciones de los derechos humanos, los parlamentarios se comprometieron a tomar la iniciativa de denunciar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan, al mismo tiempo le garantiza a todo ciudadano que considere que sus derechos fundamentales han sido violados que pueda interponer un recurso efectivo ante un órgano nacional independiente.
Panorama regional
África – El Comité examinó los casos de 89 parlamentarios de 10 países africanos (Burundi, Camerún, República Democrática del Congo (RDC), Eritrea, Kenia, Madagascar, Nigeria, Ruanda, Zambia y Zimbabue). Este número ha disminuido considerablemente en comparación con años anteriores (114 en 2015 y 119 en 2014).
Cuatro países todavía tienen un gran número de diputados cuyos casos son considerados por el Comité: RDC con alegatos relativos a un total de 36 parlamentarios, Zambia (14), Madagascar (12) y Eritrea (11).
Las violaciones más frecuentes se mantuvieron prácticamente sin cambios. Juicios y otros procedimientos injustos fueron el tipo más frecuentemente reportados violaciones (26%), seguidos de detenciones arbitrarias (16%) y la suspensión y la pérdida indebida del mandato parlamentario (16%).
Américas – En 2016, las Américas era la región con el mayor número de casos de violaciones de los derechos humanos de los parlamentarios. El Comité examinó la situación de los 155 parlamentarios de la región. En años anteriores, las Américas estaba en cuarto lugar por detrás de Asia, África y la región MENA con 43 diputados en 2015 y 42 en 2014.
Esta nueva tendencia se explica por un aumento repentino de las nuevas denuncias de violaciones presentadas al Comité, en particular los dos nuevos casos que involucran 84 parlamentarios de El Salvador y 21 en Nicaragua. Venezuela también ha aumentado hasta alcanzar un total de 20 diputados a finales de 2016.
Las violaciones más frecuentes alegadas eran juicios injustos y otros procedimientos (38,8%), seguida de cerca, por la suspensión y la pérdida injusta del mandato parlamentario (36,6%) y violaciones a la libertad de expresión ( 10,2%).
Asia – Asia fue la región con el segundo mayor número de parlamentarios que alegan violaciones a sus derechos, 110 parlamentarios de 13 países: Afganistán, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán, Filipinas, República de Corea, Sri Lanka y Tailandia. El año 2016 vio un ligero aumento en comparación con 2015 y 2014, cuando los casos de 94 parlamentarios y 78 respectivamente, estaban bajo consideración.
Más de la mitad de las víctimas de abuso en Asia proviene de tres países: Maldivas (33), Malasia (21) y Camboya (15).
Violaciones de la libertad de expresión (24,7%), la detención arbitraria y la detención (18,3%) continuaron siendo las violaciones más frecuentes, seguido de la tortura y los malos tratos (13, 3%) y otros ensayos y procedimientos injustos (12,3%).
Europa – El Comité examinó la situación de los 63 diputados en tres países (Estonia, Rusia y Turquía). La presentación de un caso colectivo que afecta a 55 parlamentarios en Turquía contribuyó a este aumento significativo de casos en Europa en 2016.
Las violaciones más frecuentes fueron de nuevo las presuntas violaciones de la libertad de reunión y de asociación (26,4%), seguido – en el mismo nivel (23,2%) – de violaciones de la libertad de expresión, suspensión ilegal y revocación del mandato parlamentario, falta de juicios justos , y otros procedimientos injustos.
Oriente Medio y el Norte de África (MENA) – El Comité examinó la situación de los 39 parlamentarios de 8 países en 2016: Bahréin, Irak, Israel, Kuwait, Líbano, Omán, Palestina y Yemen.
Las detenciones y detenciones arbitrarias siguieron siendo las principales violaciones en la lista de las presuntas violaciones de la región (25,3%), seguido por la falta de juicios justos y otros procedimientos injustos (16,1%), la suspensión indebida o la pérdida injusta del mandato parlamentario (12 , 6%), y violaciones de la libertad de expresión (10.3%).
Pacífico – El Comité examinó tres casos del Pacífico Sur. Las acusaciones relacionadas con la suspensión indebida del mandato parlamentario de Fiji.
La UIP celebra este año el 40 aniversario del Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, que trabaja para proteger o pedir una indemnización para los parlamentarios cuyos derechos han sido violados.
Sobre la base de dos principios fundamentales: “Nunca nos rindamos” y “Ayúdanos a ayudar a los parlamentarios amenazados”. El Comité ha examinado 2.500 casos en 109 países desde 1976, trabajando incansablemente para persuadir y presionar a las autoridades hasta que se encuentre una solución.