Los saqueos a comercios en el sur del estado Bolívar, a finales de 2016, pusieron a prueba la deteriorada distribución de alimentos en las zonas más alejadas del país. El resultado fue adverso, pues a la par del precario suministro de alimentos nacionales, la mayoría de los negocios violentados permanecen cerrados. Así lo reseña correodelcaroni.com
Por María Ramírez Cabello
En Tumeremo, municipio Sifontes, se contabilizaron 34 comercios saqueados en diciembre de 2016, tras el fin del plazo para canjear los billetes de máxima denominación en el país. En el eje sur, es la última localidad de las tres poblaciones con comercios saqueados. Le anteceden Guasipati, municipio Roscio; y El Callao, municipio homónimo, ambas con registros violentos al cierre del año pasado.
El presidente de la Cámara de Comercio del municipio Sifontes, Erick Leiva, informó -vía telefónica- que la mayoría de los establecimientos afectados en Tumeremo siguen cerrados; “no tenemos información de que les hayan dado créditos, algunos han abierto con patrimonio propio y algunos esperan abrir para mediados de marzo”.
Actualmente cuentan con cuatro supermercados abiertos para una población de más de 30 mil personas, según los cálculos poblaciones del Instituto Nacional de Estadísticas para 2011, y poblados cercanos. Leiva sostiene que el abastecimiento es poco y la mercancía que se consigue, costosa, pues la traen de la localidad de Las Claritas, en el mismo municipio, pero a dos horas de distancia.
“En Las Claritas la comida es más cara y se encarece por el transporte y la falta de efectivo. En algunos lugares cobran 20% para dar efectivo”, dijo, considerando que en la zona minera en la que se surten de alimentos la mayoría de las transacciones son en papel moneda.
En Tumeremo, municipio Sifontes, se contabilizaron 34 negocios saqueados en diciembre de 2016, tras el fin del plazo para canjear los billetes de máxima denominación en el país.
“La Cámara de Comercio está haciendo gestiones para traer alimentos más económicos para la población, enlazando con el equipo político del PSUV y la oposición, porque con este problema se han extinguido las diferencias políticas”, añadió el dirigente empresarial. “La gente ha tenido que readaptarse”, agregó.
Leiva resaltó que, además del bajo abastecimiento de alimentos, la dinámica económica ha mermado, debido al descenso en la cotización del oro a nivel local, pese a las variaciones al alza en el mercado internacional.
CLAP insuficiente
Durante el fin de semana en el que ocurrieron los saqueos, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, anunció la llegada de alimentos para ser distribuidos por los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP). “Ya recibimos en la entidad 50 mil cajas de productos alimenticios enviados por el Gobierno nacional para reabastecer los centros de distribución de Ciudad Bolívar”, apuntó durante un encuentro con empresarios del sector alimenticio el 20 de diciembre.
En esa oportunidad, el ministro de alimentación, Rodolfo Marco Torres, informó que el plan especial de abastecimiento implementado en el estado Bolívar garantizaría a los habitantes el acceso a los alimentos y productos básicos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Sifontes aseguró que los suministros por parte del ejecutivo local han sido insuficientes. “Todas las semanas llega su poquito, pero no alcanza para abastecer al municipio de manera constante. Surten a una parroquia y luego a la otra y cuando eso ocurre ya han pasado seis semanas”, dijo, en un escenario que se repite en toda la geografía nacional.
Los cuatro supermercados activos, uno de un venezolano que no fue saqueado y tres asiáticos, traen lo básico: arroz, azúcar, harina de trigo, café, entre otros rubros, pero los habitantes -señala- se quejan de los precios en alza, aunque inferiores a los de Ciudad Guayana.
“El arroz se consigue hasta en 3.700 bolívares; el azúcar, de 3.800 a 5.000 bolívares; la harina PAN en Bs. 5.500; la de trigo es Bs. 4.500; un cuarto de kilo de café ya va por 8 mil bolívares y el kilo de leche está Bs. 16 mil”, precisó.
“No se puede hablar de normalidad cuando la mayoría del comercio sigue cerrado y sin ayuda; y muchas familias han tenido que viajar para comprar alimentos”, comentó un comerciante, cuyo nombre prefirió mantener en reserva por temor a represalias.
A juicio de Leiva, es necesaria mayor atención gubernamental para mejorar la situación de los habitantes de Tumeremo y reactivar los locales saqueados, muchos de los cuales fueron inspeccionados por funcionarios de la banca pública.