Un fiscal pidió este martes investigar al presidente argentino, Mauricio Macri, por un acuerdo por deudas millonarias que el Estado alcanzó con la empresa que gestionó el correo oficial y cuyos principales accionistas son familiares del mandatario, confirmaron a EFE fuentes judiciales.
El pedido fue presentado por el fiscal Juan Pedro Zoni ante el juez federal Ariel Lijo.
Según indicaron las fuentes, la solicitud también afecta al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien en junio pasado, en representación del Estado, alcanzó un acuerdo con la firma del grupo Macri que entre 1997 y 2003 tuvo a su cargo la administración del servicio de correo oficial.
El acuerdo para el pago de deudas al Estado se alcanzó en el marco de un concurso preventivo judicial y aún no ha sido homologado.
La semana pasada, la fiscal que interviene en el proceso del concurso, Gabriela Boquín, cuestionó el acuerdo por considerarlo “abusivo” en sus términos económicos y porque entiende que podría haber un conflicto de intereses dado que el deudor es una empresa perteneciente a familiares del presidente Macri.
Zoni pidió a Lijo impulsar la investigación del caso a partir de denuncias presentadas por Daniel Jaime Igolnikov, un abogado particular, y Martín Sabbatella y Gabriela Cerrutti, dos dirigentes políticos ligados al kirchnerismo.
Por el polémico acuerdo hay otra denuncia que ha recaído en el juez Rodolfo Canicoba Corral y un pedido de investigación formulado por la Procuración de Investigaciones Administrativas ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi.
En su presentación, Zoni pidió a Lijo “iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas” en el marco del concurso de acreedores de la firma Correo Argentino, “en el cual se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios”.
Zoni pidió investigar también al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.
“Dicho funcionario desarrolla sus funciones a través de una cadena jerárquica que lo vincula con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien a su vez resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscrito por aquél”, señaló Zoni en el dictamen, difundido por el Ministerio Público Fiscal.
Según ha explicado el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, la deuda original con el Estado era de 292 millones de pesos (18,5 millones de dólares), pero esta se ha desvalorizado completamente por la falta de acuerdo con los gobiernos anteriores y porque las leyes no permiten imponer al deudor en un concurso intereses.
Por eso, ha alegado que, ante la opción de no cobrar nada, es más beneficioso para el Estado un acuerdo con el deudor, por el que éste acepta pagar en quince cuotas anuales la deuda original, con la aplicación voluntaria de un interés del 7 %, lo que elevaría a 600 millones de pesos (38,2 millones de dólares) lo que podría cobrar el Estado.
Sin embargo, para la fiscal Boquín, el acuerdo implica “una quita velada del orden del 98,82 %”, lo que “equivale a una condonación” de la deuda.
Según los cálculos incluidos en el dictamen de Boquín, el acuerdo podría significar la condonación de deudas por hasta 70.000 millones de pesos (unos 4.430 millones de dólares), si se aplicaran intereses sobre el monto original y hasta 2033.
El jefe de ministros argentino, Marcos Peña, dijo hoy en rueda de prensa que el Gobierno pedirá a la Auditoría General de la Nación (manejada por la oposición) que haga un informe técnico sobre cualquier acuerdo a ratificar.
Peña aseguró que el Gobierno “ha obrado según la ley en el marco de una discusión judicial y con total transparencia en todo el proceso” y aseveró que “el presidente no ha intervenido” en el asunto.