El narcotráfico y la corrupción son males del pasado y del presente venezolano. Que ambos delitos se encuentren en la administración pública de nuestro país es algo realmente alarmante. Que un funcionario público se corrompa con poco o mucho dinero es algo inaceptable que nunca debería quedar impune. Que ese funcionario público, como candidato o en ejercicio de su cargo, utilice el narcotráfico como fuente de financiamiento personal o político es una verdadera traición a la patria, a quienes lo puedan haber seguido y a su propia dignidad.¿Qué sentido puede tener la política que es servicio para quienes la utilizan para enriquecerse a través del delito? ¿Cómo pueden hacer ese profundo daño a la sociedad y al mismo concepto de la política quienes utilizan el poder para esas acciones tan viles? Sinceramente no debe haber perdón para quien incurre en estos delitos.
No intentaré hacer una descripción exhaustiva de todos los procesos de corrupción y narcotráfico en los que han sido involucrados funcionarios de este gobierno que se inició hace ya dieciocho largos y tortuosos añosy cuya corrupción se ha contabilizado en más de 350 mil millones de dólares. Pero basta leer la prensa para ver que cualquiera de estos hechos, en un país democrático, con separación de poderes e instituciones, con medios de comunicación libres, debería generar un escándalo de tales magnitudes que debería acarrear la destitución, persecución, juicio y cárcel de ese funcionario. Hoy en Venezuela reina la impunidad y la complicidad automática. Cada uno de los involucrados tiene padrinos a todos los niveles que tapan lo que sucede en vez de asumir esos hechos como una traicion y facilitar investigaciones y procesos judiciales.
Basta con hacer una somera revisión en distintos portales de noticias para detectar que sólo en este gobierno de Maduro, que se inició luego de su cuestionado triunfo electoral de 2013, se han contabilizado más de cien altos funcionarios, incluidos militares, sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, corrupción, blanqueo de capitales y otros delitos conexos. El último de esos funcionarios es el mismísimo vicepresidente de la república. El gobierno no puede seguir utilizando esa solidaridad automática y tiene la obligación de hablarle claro al país y asumir el procesamiento judicial de sus funcionarios, en vez de utilizar el manido discurso anti yankee que a nada nos lleva y a nadie convence.
Hoy el asunto Odebrecht se ha convertido en un escándalo mundial. Está demostrado que sólo en Venezuela pagaron más de cien millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos para lograr fraudulentamente contratos milmillonarios. Pero esa corrupción inicial se fue convirtiendo en sobreprecios y complicidad que sacaron provecho de toda la inversión que se hizo para la construcción de obras que casi en su totalidad quedaron en piedras fundacionales o en porcentajes mínimos de ejecución.
Mientras estos procesos gigantes de narcotráfico y corrupcion se producen, nuestros altos funcionarios van ejerciendo una especie de modelaje destructivo que hace que todo el que está vinculado, directa o indirectamente, a la administración pública, se sienta incentivado a cometer, a su escala, hechos parecidos. Tenemos entonces que en esta Venezuela revolucionaria hacer cualquier trámite ante la administración pública supone un pago indebido que se convierte en imprescindible para que el ciudadano obtenga lo que busca. El caso de cédulas y pasaportes se ha convertido también en un escándalo dolarizado. Pero asimismo, cualquier funcionario en una alcabala siente que tiene derecho a hacer, producto de la matraca, un pote que luego se reparte con sus superiores.
Este país debe darse un nuevo gobierno. Para eso estamos luchando. Pero a quienes corresponda dirigirlo, tenemos la obligación de dar una especie de lucha refundacional de la patria que esté signada por el respeto a los valores más esenciales de la democracia, uno de ellos la honradez en el manejo del erario público y la sanción ejemplarizante en caso contrario.