Hablar de deterioro democrático supone hacer referencia obligada a uno de los textos más importantes de la ciencia política, y ha sido consagrado a ofrecer luces sobre el tema. Nos referimos a “La quiebra de las democracias”, un libro escrito por el politólogo y sociólogo Juan José Linz Storch (1978), el cual, en su momento, permitió comprender las cuestiones políticas más significativas de los regímenes democráticos en el siglo XX durante el período entre guerras y las transiciones políticas acaecidas luego de esa época; y como toda buena propuesta de comprensión de los problemas políticos, todavía sigue ofreciendo elementos valiosos para analizar los problemas que conducen al derrumbe de los sistemas de gobierno democráticos.
Para Linz todos los regímenes democráticos siempre han contado con una alta probabilidad para mantenerse estables y lograr consolidarse en el tiempo, sólo que determinadas condiciones y acciones ejecutadas por actores políticos puntuales, entre los cuales se cuentan instituciones e individuos, también pueden hacer disminuir tales probabilidades; y con ello acabar con la capacidad de supervivencia de ese sistema.
Según el modelo propuesto por nuestro autor, comprender los elementos que conducen a la caída de la democracia política plantea también ubicar la esencialidad de la democracia. En términos lacónicos, los regímenes democráticos se definen por su capacidad para asegurar la libertad en que los sistemas políticos puedan surgir partidos políticos y convocarse elecciones en condiciones libres, transparentes y de manera periódica, también con la suficiente libertad para expresar opiniones y la responsabilidad política de los gobernantes para con sus electores.
Linz busca diseñar una propuesta teórica que permita dar cuenta de sus distintos casos estudiados, a fin de identificar problemas similares que generan la quiebra del modelo. Como aspectos centrales, ubica los elementos que fortalecen o socavan la consolidación del sistema democrático: la creencia en la legitimidad es uno de ellos y en parte está condicionado a su vez por dos dimensiones esenciales, a saber: (a) la eficacia, o capacidad estructural del sistema político para resolver los problemas esenciales y (b) la efectividad, o posibilidad para ejecutar las decisiones políticas, cumpliendo con sus objetivos y en el lapso inicialmente planteado. Precisamente, cuando los miembros del sistema político no otorgan apoyo, o creen en la legitimidad de las instituciones, por su ineficacia o inefectividad, entonces es más probable un escenario de ruptura, de pérdida de estabilidad, minando definitivamente la autoridad con el retiro del apoyo de los sectores más importantes de la sociedad, y en donde sea más difícil obtener obediencia ciudadana por la incapacidad para establecer el orden.
En Venezuela distintos indicios encienden las alarmas sobre la solidez del sistema democrático, amenazando la probabilidad de su permanencia en el tiempo. Como cuando tratábamos la esencialidad democrática, en términos lacónicos, pero ahora en sentido inverso, el actual régimen político venezolano se pudiera caracterizar por los obstáculos que éste coloca a la libertad en las relaciones políticas cotidianas, que limita el libre desenvolvimiento de los partidos políticos, y frena la posibilidad de convocar elecciones en condiciones de competencia. Al sol de hoy no sólo existe el peligro de ser perseguido políticamente por expresar opiniones distintas, además no hay una robustez institucional suficiente que pueda asegurar la protección a los ciudadanos de la arbitrariedad de unos pocos aferrados a los espacios de poder.
La legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro cada vez es más efímera. Su ineficacia no sólo es medida por su incapacidad para resolver la grave crisis económica que atraviesa el país, sino también es demostrada en su imposibilidad para garantizar otros aspectos esenciales como seguridad, educación y salud a los venezolanos. Y su inefectividad también es medida cuando cada decisión, en nada se acerca a los resultados inicialmente planteados, por ser más un asunto de improvisación populista.
Tampoco debemos descartar los factores institucionales e individuales que hacen más probable el quiebre el cual hace referencia y destaca Linz. La intervención de fuerzas institucionales e individuales en el orden democrático venezolano, han torcido la forma constitucional de concebir las reglas del juego electoral, a conveniencia de una parcialidad política. Así, el CNE y el TSJ continúan demostrando su falta de autonomía institucional, no manifestando ninguna señal de pudor legal, cuando juegan con las fechas de unas elecciones regionales, ahora arbitrariamente suspendidas por una cúpula corrupta que ha decidido cerrar las vías constitucionales para resolver la crisis, o cuando modifican las reglas de la dinámica electoral para tratar de sacar de la competencia a los partidos políticos, incluso sin tomar en cuenta que ellos mismos son los perjudicados.
En este orden, entonces será también relevante tener en cuenta el papel que desempeñan los distintos actores políticos, quienes para bien o para mal pueden contar con un nivel de influencia realmente importante para revertir el panorama político. Porque desde el gobierno de Maduro la actuación de algunos individuos (en conjunción con instituciones específicas) estará orientada no a defender el sistema democrático, sino más bien a derrocarlo. De modo que el rol crucial lo interpretarán los dirigentes de la Unidad, quienes en sus manos tienen la oportunidad de defender la Constitución y los principios que aseguren el juego democrático auténtico. En definitiva, son nuestros líderes políticos, su liderazgo y actitudes, actores decisivos que pueden asegurar nuestro destino democrático; o por el contrario, condenarnos a un hado verdaderamente incierto.