“Queda un largo camino por recorrer contra el apartheid político en Venezuela”, así lo expresó Rocío San Miguel, luego de participar en la audiencia pública realizada este martes 14 de febrero de 2017, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que ella, junto a Magaly Chang y Thais Peña, pudieron ser escuchadas por jueces independientes e imparciales, después de 13 años de haber sido despedidas de la administración pública.
Nota de prensa
Chahg, Peña y San Miguel trabajaron en el Consejo Nacional de Fronteras hasta marzo de 2004, cuando fueron despedidas al aplicarles los efectos de la llamada “Lista Tascón”, por haber firmado solicitando el referéndum revocatorio presidencial del mandato, del entonces Presidente Hugo Chávez.
Las denunciantes llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “con la convicción de obtener justicia, verdad y reparación”, dijo San Miguel.
En un emotivo y desgarrador testimonio en la audiencia, San Miguel relató todos los obstáculos que debieron superar para poder documentar su caso y llegar a instancias internacionales, así como la estigmatización y represalias de las que han sido objeto durante estos años, los efectos en sus vidas y las de sus familiares y las amenazas de muerte que recibió.
En la audiencia, los jueces conocieron el relato de la discriminación política en Venezuela y como ésta se ha convertido en una política de Estado, contra quienes son considerados opositores, disidentes y críticos.
Ligia Bolívar, Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), peticionaria también en este caso ante la Corte, señaló que el Estado venezolano es el primero, en el ámbito interamericano, que está siendo juzgado por discriminación política.
“Un Estado, que ha venido enarbolando la bandera de la inclusión, de pronto llegó a ser juzgado por un tribunal internacional por exclusión política”, dijo Bolívar. “Eso es lo que explica el empeño del Estado venezolano, en la audiencia, de disfrazar su responsabilidad”, acotó.
También resaltó que, durante la audiencia, los agentes estatales trataron de presentar el caso como estrictamente laboral, e intentaron responsabilizar a una asociación civil de la divulgación de los datos de los firmantes.
Bolívar explicó que lo que se reclama no es que hayan existido las firmas, sino el uso que el Estado les dio, el cual trajo como consecuencia que las personas que firmaron, 13 años después, “estén inhabilitadas para ejercer cargos públicos en Venezuela”.
En la audiencia también quedó demostrado, por parte de la defensa de las víctimas, que el caso San Miguel no fue un hecho aislado en Venezuela. “Tal como lo dijo también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se trata de una política de Estado, que afectó a una cantidad enorme e indeterminada de personas, no solamente en el 2004 sino hasta el presente”, concluyó Bolívar.
Durante la audiencia, las víctimas estuvieron representadas por los abogados Héctor Faúndez Ledesma, Jesús Ollarves Irazábal, Juan Carlos Gutiérrez, Alejandra Rodríguez y Marianna Romero, además, estuvieron acompañadas por Ligia Bolívar.
En representación del Estado venezolano estuvieron el agente Larry Devoe y el agente alterno Romer Pacheco.
El caso San Miguel y otras Vs Venezuela, que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entró en un plazo hasta el 15 de marzo de 2017, en el que las partes deben presentar los alegatos de fondo, para esperar finalmente la sentencia, la cual debería producirse a finales de 2017.