El coordinador nacional de la Central de Trabajadores y de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos, Servando Carbone, manifestó que el aumento de la unidad tributaria a 300 bolívares decretada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, lo único que significa es una bonificación del salario, ya que sigue siendo insuficiente para los trabajadores la adquisición de una serie de productos básicos que componen la canasta alimentaria.
Nota de prensa
A partir del 1° de marzo el valor de la unidad tributaria pasará de 177 bolívares a 300 bolívares, lo cual representa un alza de 69,5% con respecto al año pasado. Esto significa que el bono de alimentación subirá de Bs. 63, 720 a Bs. 108.000, de manera que el ingreso integral se ubicará en Bs. 148.638, considerando que el salario mínimo está en Bs. 40.638.
Carbone explicó que, aunque dicha suma de dinero parezca suficiente, tan solo el 27% tiene un impacto en fideicomiso, utilidades, bonos vacaciones y bonos de fin de año, debido a que para dichos beneficios se toma en cuenta exclusivamente la cifra del sueldo mínimo, es decir, “el cesta ticket no es salario”, resaltó.
A su juicio, el Gobierno es “novelista” porque lo que hace es colocar más dinero en las calles para que los ciudadanos intenten comprar los productos que son traídos por el mismo Gobierno y que además “son manejados por los militares”.
Por otro lado, señaló que si esa es la “tragedia” que atraviesan los trabajadores activos, la de los jubilados es aún peor y, aunque el Estado está consciente de ello no hace nada para solucionarlo.
“Para el Estado los pensionados son un estorbo, los ha llevado a su destrucción. Ni siquiera les han dado la compensación de sus medicinas. Simplemente no les interesa”, lamentó.
El activista sindical indicó que el Gobierno sabe que los pensionados no los están apoyando y que mediante su política inflacionaria lo que han hecho es desaparecerlos poco a poco por el costo que les genera.
Sostuvo que el Gobierno tiene un “plan maquiavélico” y no es otro que colocar en la administración pública a jóvenes entre 15 y 20 años para sustituir a los viejos. Sin embargo, les pide a los adultos mayores que mantengan la unidad y resistencia para alcanzar un cambio.