El secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, este viernes fijó posición acerca del reciente aumento de la Unidad Tributaria y del incremento del bono alimentación decretado por el presidente Nicolás Maduro y las repercusiones que esto trae para los venezolanos.
Nota de prensa
“Queremos insistir en que con este modelo económico del gobierno, los sueldos siguen subiendo por las escaleras y la inflación por el ascensor. Solo en esta revolución los trabajadores le temen a los aumentos de sueldo”. Dijo Ávila.
Lamentó que el poder adquisitivo de los venezolanos cada vez sea menor, a su juicio, la hambruna crece junto al desempleo y con este se reafirma la destrucción del aparato productivo.
Ante todo esto es que urge ese cambio de gobierno en lo inmediato. “Actualmente a los venezolanos si no nos mata el hambre, nos mata la inseguridad o la falta de medicinas en esta Patria de Bolívar; bajo el mando del hijo de Chávez y su legado, nos convirtió en el país más pobre de Latinoamérica”.
Señaló que con el incremento del cestatickets a 3.600 bolívares diarios, es difícil hacer aunque sea una comida.
Recalcó que la indolencia del gobierno es tan grande que sobre pasa cualquier límite, en tal sentido cuestionó que el régimen haya aprobado casi 700 millones de bolívares para hacer una fiesta de carnaval en Caracas, mientras que niega el bono de alimentación para jubilados y pensionados, “quienes se debaten entre comprar comida o medicinas con el sueldo de la pensión”.
En ese particular señaló que los productos cuestan cinco veces más porque son importados, mientras la Unidad Tributaria aumentó 70%, los sueldos se mantienen igual, situación que hace que el poder adquisitivo sea cada vez menor.
“Venezuela es un país con más de 50% de desnutrición infantil, de deserción escolar, más del 80% de pobreza como resultado del modelo económico que nos ha llevado a esta crisis”.
Por ello consideró que se deben tomar medidas efectivas para estabilizar la economía en el país. “Primero que nada se debe unificar la tasa cambiaria y reactivar la producción nacional” pues alegó que no se puede seguir comprando productos importados que le cuestan cinco veces más a los venezolanos.
Al ser interrogado sobre el reciente anuncio del primer mandatario de incluir en la mesa de diálogo a la Iglesia y los medios influyentes, Ávila dijo que con tal acción, ahora el gobierno pretende dividir a la Iglesia y retrasar el proceso electoral. “El gobierno ha ido incluyendo a distintos factores a cuenta gotas para darle larga a su proyecto”.
La MUD y su reestructuración
El secretario nacional de Unidad Visión Venezuela, manifestó que luego de 16 meses, la Mesa de Unidad Democrática se reunió en plenaria para acordar su reestructuración y las medidas que adoptará la coalición de partidos para enfrentar al gobierno nacional.
Desde hace varias semanas la organización política que dirige presentó 16 puntos para la reestructuración de la MUD, de los cuales solo han aceptado la mitad. Acotó que no está de acuerdo con el voto ponderado que impusieron algunos partidos, pues a su juicio, no está explícita la metodología empleada para la toma de decisiones dentro del núcleo de la MUD.
“Falta de estrategia y de coherencia. Tiene que haber una política unitaria de gobierno de nuestros alcaldes y gobernadores, falta unificar criterios para poder avanzar”.
En cuanto a la legalización de los partidos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) manifestó que las organizaciones políticas no deben acudir a ese proceso que tildó de “ilegal e inconstitucional”.
“Tenemos la tarjeta de la MUD y con ella deberíamos ir a los próximos comicios que están en mora, aceptando el proceso de validación, estaríamos dando más chance al gobierno”.
A parte de lo “ilegal e inconstitucional” Ávila señaló que los tiempos son muy cortos y los costos para validar los partidos muy elevados. En ese particular cuestionó que de dónde van a sacar entre 50.000 y 100.000 dólares estas organizaciones que le siguen el juego al gobierno, para cubrir la logística y movilización.
Finalmente anunció que van a dar la pelea ante los organismos nacionales e internacionales. “Vamos a ir al CNE para meter la reconsideración y que cumplan con la ley; también iremos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para alzar nuestra voz, pues nos están violando nuestro derecho humano de elegir y ser elegidos a través del voto, que es el camino que nos está cerrando el gobierno”.