Venezuela es hoy uno de los países con mayor índice de criminalidad del mundo. Según estudio de las Naciones Unidas en el año 2016 ocurrieron 28.479 asesinatos, representando una tasa de 91,6 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Este incremento de la violencia tiene como causa principal a la impunidad, que es la ausencia de castigo a los delincuentes. Al ser muy bajo el costo del delito por la altísima impunidad, se hace fácil la incorporación de nuevos criminales: Por cada 100 homicidios que se cometen, en 92 no hay ni siquiera un detenido. Y esto es consecuencia directa de la corrupción, del discurso violento desde el gobierno, de la destrucción de las instituciones, de la mala preparación de los cuerpos policiales, del crimen organizado y de los millones de armas en la calle. El 99% de los delincuentes tienen garantizada la impunidad de sus actos y, debido a la corrupción policial y judicial, los que son detenidos son liberados a los pocos días; mientras que los que se quedan en los centros de reclusión planifican desde allí los delitos.
En diciembre fue secuestrado y asesinado Derek Manaure (15) hijo de Juan Manaure, jugador del equipo Cangrejeros de Monagas de la Liga Venezolana de Baloncesto. De las investigaciones se concluyó que el secuestro fue planificado desde las cárceles de Tocorón y Tocuyito por una banda de reclusos dirigida por “El Oso”. Cuatro de esos presos fueron asesinados después, debido a la reyerta por el producto de ese secuestro. Este tipo de noticias es el pan de cada día en nuestra Venezuela. Un país donde las cárceles son universidades del delito, porque desde esos centros se planifican secuestros, extorciones y robo de vehículos. Hace unos meses le robaron un vehículo a un amigo que, para recuperarlo después de pagar el rescate, tuvo que ir a la cárcel de El Marite en donde lo tenían guardado.
El 26 de julio de 2011 fue creado el Ministerio de Servicios Penitenciarios y María Iris Varela Rangel fue designada como ministro. Su finalidad principal es la organización y funcionamiento de los centros de cumplimiento de penas privativas de libertad y los servicios carcelarios. Allí los presos deberían ser clasificados de acuerdo a sus antecedentes, profesión, edad y salud; alimentados, enseñados de un oficio y educados para su reinserción en la sociedad.
Sin embargo, nada de eso se cumple. Nuestras cárceles han sido convertidas en discotecas, burdeles y bares. Con la única condición de que se mantengan en paz se permiten música, licor y fiestas. Los Directores negocian con los pranes la contratación de grupos musicales, cantantes, las fiestas temáticas y su duración, (por lo general es todo el fin de semana), sus mujeres y las trabajadoras sexuales. En la cárcel de Tocorón funciona la discoteca “Disco Tokio”, un centro hípico, un gimnasio con piscina, un zoológico, un banco y varios restaurantes, como “El Sazón del Hampa”. Y lo peor de todo es que estos centros son controlados por sus “pranes y luceros”, quienes están mejor armados que los custodios y la Guardia Nacional.
Nos hemos convertido en un país donde el narcotráfico ha penetrado el estado, el poder judicial y las fuerzas armadas; con carteles de la droga que han corrompido las instituciones y tienen una importante presencia en el país.
Después de 18 años de este régimen chavista y de enormes ingresos petroleros, el sistema judicial está peor que en 1998, la corrupción campea en todo el sistema penitenciario y las mafias controlan las cárceles y hacen sus negocios en esos recintos.
Hoy debemos preguntarle a Iris Varela sí es cierto lo que opinaba el maestro criminólogo Elio Gómez Grillo: Que “las cárceles son un negocio tan productivo como PDVSA”.
*Abogado
@JMColmenares