@madeleintlSUR
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) exigió este viernes al Gobierno celeridad en las investigaciones iniciadas tras el hallazgo de 14 cadáveres en la principal cárcel del país, que fue clausurada temporalmente hace cinco meses, reseñó AFP.
La CEV solicitó en un comunicado a los Poderes Públicos que se avoquen de manera “urgente, diligente, efectiva y sin retardo a las investigaciones pertinentes que conduzcan al esclarecimiento de la verdad” sobre lo que calificó como un “terrible descubrimiento”.
Hace una semana fueron encontradas osamentas de al menos 14 personas cuando se hacían excavaciones en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), ubicada en la ciudad de San Juan de Los Morros (estado Guárico, centro).
La CEV instó al Ministerio de Asuntos Penitenciarios a “garantizar la integridad y la dignidad de los privados y privadas de libertad, para que no se repita una lamentable tragedia como esta”.
Las ONG defensoras de los derechos de los presos Una Ventana a la Libertad y Observatorio Venezolano de Prisiones denunciaron, cuando las autoridades dieron a conocer el descubrimiento, que la cifra de personas muertas puede ser mucho mayor.
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, anunció que su organización llevará el caso a “instancias internacionales” y pidió “investigar (la) responsabilidad” de los funcionarios que custodiaban el centro de reclusión.
Prado recordó que su ONG lleva denunciando la existencia de fosas comunes en la PGV desde 2009.
El pasado 28 de octubre, el gobierno completó el desalojo de la cárcel, luego de semanas de enfrentamientos entre reos por su control y acusaciones sobre la muerte de reos por falta de alimentos y medicinas.
Una Ventana a la Libertad asegura que estaba sobrepoblada, al albergar unos 9.000 internos.
La ONG estima el número de presos en 88.000 en todo el país, de los cuales 33.000 en condiciones de hacinamiento en calabozos policiales por retrasos procesales y falta de espacio en las cárceles.
La PGV está en remodelación como parte de un plan del gobierno para “pacificar” los penales.
La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, señala que 96 penitenciarías fueron incorporadas al programa gubernamental de reforma, de las cuales seis fueron clausuradas definitivamente.