La “cláusula Molière”, una disposición adoptada en varias regiones francesas para exigir que los obreros hablen francés en las obras públicas, ha causado controversia en plena campaña electoral, mientras sus defensores alegan motivos de seguridad y de lucha contra el dumping social. AFP
Seis de las 13 regiones francesas, pero también ciudades y departamentos, votaron a favor de esta cláusula que persigue un doble objetivo: asegurar el respeto de las normas de seguridad y luchar contra los efectos de una directiva europea que autoriza los contratos temporales para trabajadores desplazados procedentes de la Unión Europea (UE).
La polémica, que ha rebasado las diferencias políticas tradicionales, se ha intensificado estos últimos días en Francia. Sus detractores denuncian una medida inútil, discriminatoria y nacionalista.
A Vincent You, concejal conservador de Angulema (suroeste) que se reivindica padre de la medida, ideada tras haber observado trabas en la comunicación en las obras de un hospital local, le irritan las acusaciones de discriminación.
“Como empleador, soy responsable de la obra y de la seguridad en la obra. No hay nada más peligroso que una obra en la que la gente no se entiende”, afirmó y agregó que también quería favorecer el empleo local.
Otras administraciones han seguido su ejemplo. Uno de los promotores más ardientes de la cláusula, el presidente de la región Auvernia-Ródano-Alpes (centro-este), Laurent Wauquiez, ha llegado a poner en marcha una “brigada de control”.
Según Wauquiez, conservador, el objetivo es luchar contra “la competencia desleal que representa el empleo de trabajadores desplazados” y “demostrar que la preferencia nacional es posible”.
Tartufo
La medida podría ser llevada ante un tribunal administrativo. Mientras tanto, el primer ministro socialista Bernard Cazeneuve, que no tiene potestad para suspender un texto votado a nivel local, ha denunciado una “medida abiertamente discriminatoria”.
“Detrás de la ‘cláusula Molière’, está la cláusula ‘Tartufo’, de la que hay que desconfiar”, afirmó, sacando a colación a uno de los más famosos personajes salidos de la pluma del dramaturgo francés, célebre por su hipocresía.
Los políticos que votan por esta disposición esperan, según él, “sacar rédito electoral”, pues el discurso anti-UE sigue recabando adeptos en Francia.
El desplazamiento de los empleados está regulado por una directiva europea de 1996, que permite a empresas de la UE enviar a sus empleados a trabajar temporalmente a otros países siempre y cuando se respete el salario mínimo del país de acogida y las cotizaciones sociales de los trabajadores se paguen en el país de origen.
Con el fin de armonizar las condiciones de trabajo en la UE, la Comisión Europea se ha comprometido a revisar la directiva.
Vomitiva
Contra todo pronóstico, la líder de la ultraderecha francesa y favorita en los sondeos de la primera vuelta de las presidenciales, Marine Le Pen, del partido Frente Nacional, alzó su voz contra la cláusula, considerándola una muestra de “patriotismo vergonzoso”, pese a defender alto y claro la preferencia nacional a la hora de contratar.
“Como no se atreven a decir claramente las cosas y pedir la supresión de la directiva sobre el desplazamiento de trabajadores […], como no se atreven a tasar los empleos extranjeros […], toman caminos enrevesados”, declaró la candidata, que quiere “acabar con la Unión Europea”.
Crítico con el funcionamiento de la UE y antiglobalización, el candidato de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon denunció la “hipocresía total” de la medida ya que los problemas en las obras vienen, según él, del “respeto del código de Trabajo”.
Asimismo, denunció la directiva europea y afirmó que no la aplicaría si fuera elegido presidente porque penaliza a los obreros franceses frente a los trabajadores del este de Europa, principalmente.
Si bien los pequeños constructores defienden la cláusula, la principal organización patronal, el Medef, mostró su preocupación ante un posible riesgo de “deriva nacionalista”.
Incluso los sindicatos de trabajadores flanquearon a la patronal, y la CGT denunció que la medida seguía “las huellas del Frente Nacional”, mientras que la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) dijo que la iniciativa es “francamente vomitiva”.