Luego de sesionar en la calle en las inmediaciones de la sede en Venezuela del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión de Política Interior hizo entrega de un documento con la copia del acta de la sesión ordinaria, al ente internacional, con los casos de violación de derechos humanos, donde se destacan la muerte en manos de la OLP y Cuerpos de Seguridad del Estado de jóvenes y niños entre 17 y 5 años de edad.
Nota de prensa
La presidente de la mencionada instancia parlamentaria, la diputada por Miranda de UNT, Delsa Solórzano, manifestó que diariamente reciben denuncias de los familiares de las víctimas de los operativos que realizan las OLP en las barriadas de Caracas, donde se cometen atropellos contra los ciudadanos humildes, quienes manifiestan que no tienen ningún amparo por parte del Estado, lo único que reciben es muerte y desolación, por lo que acuden ante la Comisión de Política Interior en busca de apoyo y justicia por las violaciones a sus derechos.
“En el marco de los operativos de las OLP en el seno de la Comisión tenemos más de mil denuncias por violación de derechos humanos, es decir que estos operativos no han servido para resolver el problema de la inseguridad. Los venezolanos piden a gritos que los problemas de seguridad ciudadana se resuelvan, que el gobierno comprenda que Venezuela es el país más violento del mundo. Matando a los pobres no se resuelve el problema de la seguridad en el país. Las OLP no han sido eficientes para resolver esta crisis en materia de seguridad ciudadana”. Argumentó la diputada Solórzano.
También se refirió a violación de derechos humanos como a los presos políticos que tienen boleta de excarcelación y todavía el Sebin se niega a liberarlos. Los casos de ciudadanos que son agredidos humillados y vejados por la Guardia Nacional u otros organismos de seguridad del Estado , cuando están haciendo las colas para comprar alimentos con precios regulados o pañales y productos de limpieza personal, también se refirió a los casos de trabajadores que son despedidos injustificadamente o porque piensan diferente a este gobierno.
Al referirse al caso específico de los niños y adolescentes que mataron a puñaladas a dos guardias nacionales el pasado domingo en la madrugada para robarles sus pertenencias, la diputada Solórzano manifestó que este es problema social muy complejo que el gobierno no ha querido enfrentar, que esos niños en vez de estar en la calle deberían estar en un albergue recibiendo la atención debida.
“Lo que está pasando en Venezuela es que nuestros niños matan por hambre o mueren por hambre. Esto es responsabilidad exclusiva del Estado que se hace la vista gorda frente a una crisis que tiene ya mucho tiempo. Estos niños que matan son los que han sido abandonados por sus padres y por el propio Estado, que para comer hurgan en la basura, que deberían estar en un albergue recibiendo atención y lamentablemente eso no está ocurriendo con estos menores de edad entre 8 y 17 años”.
Agregó que esta situación de crisis de la seguridad ciudadana reviste de distintas aristas que no están siendo tratadas por el gobierno. “Esto se está tratando en la Asamblea Nacional conjuntamente con la Comisión de Familia, porque no es un tema exclusivo del área de seguridad ciudadana o de derechos humanos, sino que tiene repercusiones más allá de eso. Esto tiene que llamarnos a reflexión como país, porque se trata del futuro de Venezuela, si nuestros niños hoy están cometiendo este tipo de crimines, cuál es el futuro del país”.
Durante la sesión en la planta baja del Edificio donde se encuentra la sede del PNUD, se presentaron varios casos de violación de derechos humanos, específicamente víctimas de las OLP, quienes denunciaron y narraron los hechos, entre los casos como del señor Alex Vega, quien entre sollozos narro que funcionarios de la OLP, el día viernes 10 de marzo 6:30 de la mañana, entraron intempestivamente a su casa ubicada en el Valle sector Cerro Grande, sacaron a su hijo Alex Johan Vega Azuaje de 16 años de edad, de la cama, le dijeron que se vistiera y luego le dispararon en el pecho sin mediar palabra alguna, también lo agredieron a él, a su esposa e hija de 11 años de edad, a quien le gritaban que se callara y dejara de llorar..
“Además se llevaron de mi casa una tabla y un DS, cuatro paquetes de azúcar, cuatro de harina de maíz, café, mi reloj de mano. No importa yo les hubiese dado todo hasta la nevera, pero que no hubiesen matado a mi único hijo varón. Él no era ningún delincuente, era un trabajador humilde, que dejó una niña que nació el 31 de diciembre del año pasado”. Expresó llorando el señor Vega
Otro caso fue el de una joven Yusveli Álvarez quien narró que en el mes de noviembre del año pasado, funcionarios de la OLP, entraron a su casa ubicada en el municipio Sucre del Estado Miranda, con las caras cubiertas con pasa montañas sin mediar palabra, disparando y asesinando a su hermana Jenifer Arroyo y a su sobrina Ailin Valentina Mendoza de 5 años de edad, caso que conmovió a los presentes por tratarse de la muerte de una inocente.
“Todo eso fue en presencia de mi madre y además nos robaron los juguetes del niño Jesús y ropa nuevas para mi hijo de 5 años también y mi sobrinita muerta. No sabemos por qué entraron así disparando y matando a mi hermana y mi sobrina. Yo lo que quiero es que se haga justicia, mi hermana era una joven noble y mi sobrina una inocente.
Por su parte el vicepresidente de la Comisión de Política Interior manifestó que estos operativos de las OLP, tienen el mismo modus operandi, asesinan y saquean las viviendas. “Aquí es evidente el ajusticiamiento que tiene que ver con terrorismo de Estado. Estamos frente a una violación masiva de los Derechos Humanos. Esta sesión es para abrirles los ojos a los venezolanos, para que sepan a qué nos estamos enfrentando. Cada vez es más grave el nivel de violencia en el país. Este es un espiral que va creciendo cada día” acotó.
Al término de la sesión la diputada Delsa Solórzano, convocó para este jueves a las 10:00 de la mañana a una sesión especial de la instancia parlamentaria, en el salón Miranda del Palacio Legislativo, donde se hará entrega de la ley de Seguridad Social del Policía a unos funcionarios, quienes tendrán un derecho de palabra.