La crisis de Venezuela cruzó nuevas fronteras al asumir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las funciones del Parlamento, decisión calificada por su amplia mayoría opositora como “un golpe de Estado”. Aquí, cinco puntos clave de la situación.
AFP/ Esteban Rojas
– Pugna de poderes –
El choque de poderes es constante desde enero de 2016, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó el control del Legislativo tras 17 años de hegemonía chavista.
El TSJ, acusado por la oposición de servir al presidente Nicolás Maduro, declaró en desacato a la cámara y ha anulado todas sus decisiones, por haber juramentado a tres diputados acusados de fraude electoral.
El miércoles, en un nuevo pico, la corte adoptó las competencias del Parlamento justificándose en el desacato, lo que la Asamblea denunció este jueves como “un golpe de Estado”.
La sentencia “pulveriza la división de poderes”, dijo a la AFP el analista Luis Vicente León, aunque recordó que en la práctica el TSJ ya venía ejerciendo funciones legislativas.
Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos según encuestas, rindió su informe de labores de 2016 frente a los magistrados, que además aprobaron el presupuesto y validaron un estado de excepción y de emergencia económica aún vigente.
– Elecciones en el limbo –
La oposición se volcó en 2016 a impulsar un referendo revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue suspendido el 20 de octubre por el poder electoral alegando irregularidades.
Descartado el revocatorio, la oposición ha pedido adelantar las elecciones presidenciales, lo que Maduro rechaza. Esos comicios están pautados para diciembre de 2018, mientras que los regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero fueron pospuestos y aún no se fija fecha.
Como requisito para futuras votaciones, el poder electoral -acusado también de ser un apéndice del Ejecutivo- obligó a los partidos a recoger firmas para validarse.
Se busca “hacer unas elecciones a la medida del gobierno”, advirtió a la AFP el politólogo Luis Salamanca.
El trámite es rechazado incluso por pequeñas organizaciones chavistas, al considerar que terminará “ilegalizándolas”.
– Debacle económica –
La caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó a la economía venezolana, que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos.
El país debió reducir drásticamente las importaciones, generándose una escasez de todo tipo de bienes, lo que mantiene postrada a la industria local por falta de insumos. De acuerdo con estimaciones privadas, la economía retrocedió 11,3% en 2016.
El agudo desabastecimiento se combina con la inflación más alta del mundo, que el FMI proyecta en 1.660% para 2017.
Maduro atribuye el colapso a una “guerra económica” de empresarios y “poderes imperiales” que, según él, promueven un boicot para impedir que el país consiga financiamiento externo.
Precisamente, la sentencia del TSJ autoriza al gobierno a firmar acuerdos económicos sin aprobación del Parlamento.
– Diálogo fracasado –
Tras fracasar el intento de por convocar al referendo, gobierno y oposición iniciaron un diálogo político en octubre pasado con acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), pero la MUD lo congeló en diciembre.
La alianza opositora acusó al chavismo de incumplir acuerdos en cuanto a la definición de un calendario electoral y la liberación de un centenar de disidentes presos.
Para el excandidato presidencial Henrique Capriles, el diálogo fue una “trampa” que desmovilizó a la oposición justo cuando realizaba multitudinarias manifestaciones.
“Tuvimos una puesta en escena que buscaba paralizar la presión internacional, las protestas y defenestrar a la oposición generándole costos muy altos (por pérdida de apoyo popular)”, declaró a la AFP el analista Benigno Alarcón.
– Criminalidad y DDHH –
Unas 28.000 muertes violentas se registraron en el país caribeño en 2016 -91,8 por cada 100.000 habitantes, tasa diez veces mayor a la media mundial-, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).
A la vez, se multiplican las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como ajusticiamientos y allanamientos ilegales.