Esta semana ha sido intensa en los espacios institucionales hemisféricos, y en particular, para Venezuela.
Nuestro país ha estado en el ojo del huracán. Su enorme crisis sigue dando de qué hablar.
Una mayoría determinante en la OEA, la de los gobiernos que representan alrededor del 95% de la población del continente, decidió tomar al toro por los cachos, al asumir una posición clara sobre la situación que estamos viviendo, con vistas a adoptar medidas que presionen al gobierno venezolano para que permita elecciones democráticas, libere los presos políticos y respete la representación popular del parlamento y sus atribuciones constitucionales.
Sin embargo, en el plano nacional acaba de ocurrir un acontecimiento de suma gravedad que viene a justificar con mayor fuerza la especial atención de los países que integran aquel organismo internacional.
El Tribunal Supremo, apéndice sumiso del poder ejecutivo, como todos sabemos, y deshonra para el gremio de los profesionales del derecho, emitió una decisión en el marco de un procedimiento, mediante la cual “ordena” al gobierno un conjunto de acciones o medidas, todas constitutivas de una suerte de carta blanca para hacer lo que le venga en gana, en todas las materias de la competencia del poder nacional, particularmente, en el campo legal nacional e internacional.
En concreto, se ordena al Ejecutivo nacional a que “proceda a ejercer las medidas internacionales que estime pertinentes y necesarias para salvaguardar el orden constitucional, así como también que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar (…) todo ello de conformidad con la letra y el espíritu de los artículos 15, 18 y 21 de la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción vigente”
Dicho en pocas palabras, al estilo nazi de comienzos de los años treinta del siglo XX, el TSJ otorga al presidente, a contravía del derecho, unas potestades cara a un supuesto de estado de conmoción que solo existe en la mente retorcida del gobierno. Debo recordar que a Adolfo Hitler, en 1933, le otorgaron, a través de una ley habilitante, poderes similares, y ya sabemos a qué horror condujo.
Si no había pruebas suficientes de que en Venezuela vivimos bajo una dictadura con apariencia de democracia, desde hace algunos años, ésta “bendición” o fundamentación “jurídica” del TSJ, lo confirma sin ninguna duda.
No es, por supuesto, la primera sentencia emitida por esa instancia jurisdiccional en la que se salta sin ningún pudor el ordenamiento constitucional vigente, cayendo en la mayor inmoralidad.
Ha sido una conducta reiterada y sistemática.
En esta ocasión dan, en nombre del régimen, otra vuelta de tuerca, y de manera desembozada y sin miramientos formales, muestra su esencia real, su entrega al poder autoritario, evidenciando que no goza de autonomía e independencia algunas.
Con esa medida el gobierno pretende hacer creer al país y al mundo que está sometido a los dictados del derecho. Que solo obedece a los tribunales de la República.
Jugada ésta inútil, porque ya es vox populi, dentro y fuera del país, que la realidad es otra. Que en Venezuela la separación de los poderes públicos fue borrada en los hechos, y ahora, con la sentencia comentada, de manera formal.
La democracia venezolana viene siendo desnaturalizada, vaciada de sus contenidos sustanciales, desde hace más de una década.
Un fascismo de nuevo cuño militar-cívico ha ido avanzando progresivamente a través de instituciones nacionales levantadas durante varias décadas, demoliéndolas, con el propósito de instaurar un nuevo orden que no han podido consolidar, pero generando un enorme perjuicio a la sociedad a ojos vista. Un caos del que será difícil y costoso salir.
Con la decisión del TSJ comentada, a la OEA se le ha puesto en bandeja de plata la oportunidad de tomar la medida que corresponde, de conformidad con su ordenamiento jurídico vinculante para todos sus miembros.
Ahora, la condición de dictadura del chavismo no puede ser más evidente. Los poderes dictatoriales están claramente establecidos en aquel documento oficial. El que tenga ojos que vea.
EMILIO NOUEL V.