Venezuela acaba de vivir un episodio frenético, con denuncias de “golpe de Estado” seguidas por mensajes de calma del gobierno, que impactó al presidente Nicolás Maduro y oxigenó a sus debilitados adversarios.
Alexander MARTINEZ / Alex VASQUEZ / AFP
Tras esa convulsión, y ante un posible agravamiento del colapso económico, ¿hacia dónde se enrumba la larga crisis venezolana?
– Radicalización –
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló parcialmente el sábado dos sentencias con las cuales se adjudicó los poderes del Parlamento -de mayoría opositora- y suspendió la inmunidad legislativa.
La corte dio marcha atrás por pedido de los poderes públicos, convocados por Maduro luego de que la fiscal general, Luisa Ortega -confesa chavista-, denunciara los fallos como una “ruptura del orden constitucional”.
Salvo la Asamblea Nacional, que no asistió a la cita, todos los demás poderes son controlados por el oficialismo.
Los dictámenes, que generaron fuerte rechazo internacional, fueron denunciados por la oposición como un “golpe de Estado que continúa”, pues el TSJ considera nulas todas las decisiones del Parlamento tras declararlo en desacato en enero de 2016.
Aunque no descartan un error de cálculo, expertos ven una estrategia con la cual el gobierno demostró estar dispuesto a radicalizarse si no logra bajar la tensión.
“Querrá dar dos pasos adelante y uno hacia atrás. Y si no tiene más remedio, tenderá a radicalizarse y aislarse”, opina el analista Luis Vicente León.
Las críticas de la fiscal también avizoran “fisuras”.
“Esa decisión radical (los fallos) quebró al chavismo, que no perdona la disidencia”, señaló el sociólogo Carlos Raúl Hernández.
– Elecciones regionales –
Las decisiones del TSJ airearon a una oposición dividida y que perdió parte del apoyo logrado en las legislativas de 2015.
En octubre pasado fracasó en su intento por convocar a un referendo revocatorio contra Maduro (2013-2019), e inmediatamente, cuando las protestas contra el gobierno crecían, cedió a un diálogo del que se retiró en diciembre sin resultados.
Ahora, apoyada en la denuncia internacional sobre un quiebre democrático, anuncia movilizaciones para lograr un cambio de gobierno. Pero sus primeras protestas no han tenido gran acogida.
“Parecería que la penuria económica está inhibiendo la movilización”, a lo que se añaden las “diferencias de agenda” entre los líderes, afirmó Andrés Molano, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario (Colombia).
Maduro descarta anticipar las elecciones presidenciales, pautadas para diciembre de 2018, por lo que la presión se enfocaría en las de gobernadores previstas en 2016, pero aplazadas y aún sin fecha.
“Más allá de radicalizarse, la oposición debería aprovechar el debilitamiento del gobierno para lograr las elecciones de gobernadores y alcaldes este año”, apuntó Hernández.
– Presión internacional –
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, promueve la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en Venezuela, prevista en caso de ruptura constitucional.
Ello llevaría a gestiones diplomáticas y en última instancia a suspender al país del organismo.
Pero el gobierno, en una “operación de lavado”, buscará demostrar que la marcha atrás del TSJ prueba que en Venezuela hay separación de poderes y no es aplicable la Carta, aseguró Molano.
“La presión internacional se va a mantener. La situación es igual o peor, la Asamblea sigue anulada”, estimó a su vez Elsa Cardozo, experta en relaciones internacionales.
También “es probable que después de lo sucedido haya una simple discusión (en la OEA) y se refuerce el mensaje de que es inaceptable” la arremetida contra el Legislativo, indicó el internacionalista Mariano de Alba.
Maduro ha dicho que evalúa la permanencia de Venezuela en el organismo. “Siempre será menos malo que lo aíslen y no ir a una elección que los sacaría del poder”, sostiene León
– Búsqueda de recursos –
El Parlamento advierte que cualquier acuerdo económico requiere autorización para ser válido.
El fallo en el que el TSJ asumió las competencias del Legislativo autoriza al gobierno a conformar empresas mixtas (con capital extranjero) sin dicho aval.
Esto es crucial, pues el gobierno busca inversión y financiamiento para reducir un déficit que la firma Ecoanalítica cifra entre 9.000 y 12.000 millones de dólares para 2017.
El panorama se oscurece ante la obligación de pagar este mes 3.000 millones de dólares de deuda, en un “contexto de anulación del Parlamento que complica conseguir dinero”, declaró Asdrúbal Oliveros, director de Econalítica.
“La disyuntiva es pagar deuda o mantener importaciones”, añadió. Ante la caída del ingreso petrolero, que aporta 96% de las divisas, Maduro redujo las importaciones de alimentos, medicinas y otros bienes subsidiados, generándose una aguda escasez que minó su popularidad.
“El gobierno sabe que no puede ganar una elección si no mejora el clima económico”, dice Oliveros.