Para el vicepresidente del Colegio de Abogados del estado Bolívar, Jorge Otaiza, no existe fórmula legal que permita retrotraer el adefesio jurídico realizado por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala Constitucional.
“El hecho delictivo fue consumado, y así debe ser tomado”, dijo el directivo del gremio de abogados del estado Bolívar.
El vicepresidente del gremio de abogados en Bolívar explicó que ante el delito perpetrado por miembros del máximo tribunal, el único instrumento que pudiera surgir es imputar, o atribuir, la plena responsabilidad penal de los actos dictados en contravención de la norma.
El gremio de abogados de Venezuela, a través de la Federación de Abogados y Colegios de Abogados, emitió su rechazo contundente al fraude constitucional y al golpe de estado perpetrado por quienes están llamados a ser garantes de la justicia en el país.
Otaiza señaló que mantuvieron en observación las acciones efectuadas por el TSJ que lo coloca al margen de la ley, acordando desde el gremio de abogados alzar su voz de protesta, y repudió, a una medida que deja en entredicho cualquier actuación de quienes dirigen la máxima institución de justicia en Venezuela.
Para este jurista se produjo un hecho en flagrancia, un delito que establece pena y destitución. “Esa conducta puede subsumirse y, encuadrar pena establecida en la legislación”. Se produjo la ruptura del orden constitucional, y el debilitamiento de la democracia y estado de derecho, que luego los magistrados trataron de “corregir” “enmendar” y “aclarar” sin argumentos claros, como si se tratara de un “borrón y cuenta nueva”.
El comunicado del gremio de abogado de Venezuela señala: “Que el Tribunal Supremo de Justicia, en el supuesto negado, que la Asamblea Nacional hubiese incurrido en desacato, está impedido constitucionalmente de imponer sanciones diferentes a las preestablecidas por el legislador, como ha ocurrido, con las sentencias números 155 y 156 del 29 de marzo del corriente año y sus pretendidas aclaratorias, en flagrante violación del principio de legalidad consagrado por el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre”.
Asimismo, se indica: “Que en fecha posterior a publicación de las citadas sentencias 155 y 156 el Consejo de Seguridad y Defensa exhortó al TSJ a revisar los fallos antes mencionados y la mencionada instancia judicial mediante publicación en su página en la Internet de fecha 31/3/17 procedió de oficio a una supuesta aclaratoria, que no es más que una modificación o revocación de dos sentencias que ya tenían el carácter de cosa juzgada, aparte, de evidenciar sumisión del TSJ a las directrices emanadas del Poder Ejecutivo”.
Otaiza acotó que no existe nada más grave que quienes deben ser los garantes de la justicia y las leyes, las violenten y transgredan. El artículo 252 del Código de procedimiento Civil establece- según explica- que las decisiones que se dicten en los tribunales no pueden ser reformadas y, menos mediante oficio; y su aclaratoria podría proceder a instancia de parte.
Parte del comunicado del gremio de abogados señala que el TSJ con sus aclaratorias de las sentencias 155 y 156, transgredieron de manera grave el artículo 137 del texto que contempla el Estado de Derecho y el Imperio de la Ley.
El gremio decidió convocar a los venezolanos a la defensa de sus derechos ciudadanos, y hacer respetar la Constitución, en garantía de los valores democráticos, haciendo énfasis en los artículos 333 y 350 de la carta magna.
Señala el comunicado del gremio, surgido durante el desarrollo de los 50 años de creado el Instituto de Previsión Social del Abogado, y que reunió a todos los Colegios de Abogados de Venezuela en Caraca, que los hechos establecen un golpe de estado, y “podrían configurar ilícitos de orden penal y disciplinario, por lo que solicitamos a la Fiscalía General de la República y, al Consejo Moral Republicano la apertura de los procedimientos correspondientes, sin perjuicio que llegado el caso, los Colegios de Abogados firmantes, ejerzan directamente las acciones respectivas”.
Nota de prensa