La Fiscalía General informó este miércoles que investiga las muertes de un hombre y un menor de edad en manifestaciones ocurridas en Lara, lo que elevó a cinco las víctimas mortales en una semana de protestas contra el Gobierno. Así lo reseña Correo del Caroní.
Las nuevas víctimas fueron confirmadas previamente por el gobernador de Lara, Henri Falcón, quien denunció la actuación de grupos civiles armados que arremeten contra las manifestaciones.
La Fiscalía dijo que comisionó a tres fiscales para las investigaciones de las muertes a balazos de un hombre de 36 años y de un menor de 13 años, en hechos ocurridos el martes en la ciudad de Barquisimeto, capital de Lara, donde también resultó herida de bala otra persona.
Según las autoridades, las primeras informaciones indicaron que estos ciudadanos se encontraban en las protestas que estallaron en varias localidades de Lara.
Las víctimas en Lara se sumaron a las tres muertes que se registraron desde que comenzaron los reclamos hace una semana.
La semana pasada murió en Miranda un joven de 19 años a causa de un disparo en el pecho por el que fue imputado un agente de la Policía Nacional.
Además, esta semana murió en Valencia un estudiante universitario, quien sufrió un disparo en el cuello en una manifestación que fue reprimida por la Policía regional del estado central de Carabobo.
La muerte fue ocasionada por un balazo disparado con un arma de la Policía de Carabobo, según confirmó el gobernador de esa región, Francisco Ameliach, quien anunció que el agente responsable será presentado a la Fiscalía para ser encausado.
Además, el diputado opositor Juan Requesens denunció que el lunes murió por asfixia de gases lacrimógenos una mujer de 84 años, quien se encontraba en su casa durante una manifestación en el este de Caracas.
Heridos
Las protestas, que además causaron cientos de heridos y detenidos, ocurrieron después que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitara a la Asamblea Nacional, medida que luego fue revertida.
Ahora representantes de la Asamblea buscan poner en marcha un proceso para destituir a los magistrados, a los que acusan de haber dado un golpe.
Mientras, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, aseguró que el Estado tiene el deber de proteger los reclamos pacíficos, que están amparadas en la Constitución, pero advirtió que cuando cruzan la línea “se tiene el deber de restablecer el orden y garantizar el libre tránsito”.
“El que quiera manifestar puede hacerlo como dice la Constitución, pacíficamente y sin armas. Eso no se toca ni con el pétalo de una rosa, pero cuando esto deja de ser pacífico se pierde el derecho a manifestar”, apuntó.
En Miranda, el gobernador y líder opositor Henrique Capriles denunció que en varias localidades de la región ocurrieron saqueos a comercios la noche del martes y acusó al oficialismo de promover esas acciones para desvirtuar las protestas opositoras.
Más de 300 detenidos
El abogado defensor de los Derechos Humanos y director de la ONG Proiuris, Nizar El Fakih, informó que según los registros de la ONG, van más de 300 detenidos desde el 4 de abril y 100 de ellos ya han sido liberados.
El director de Proiuris indicó que las fuerzas del Estado están generando la violencia que se ha visto en las calles por estar haciendo un uso desmedido de la fuerza. El Fakih dijo “hacemos un llamado a las autoridades para que cesen de inmediato los abusos policiales contra ciudadanos”.
Sobre el uso de bombas lacrimógenas para reprimir a los manifestantes, el abogado sentenció que “absolutamente nada justifica lanzar bombas lacrimógenas a clínicas y zonas residenciales. Esto es inadmisible”.
El Fakih denunció en dos entrevistas radiales que se está produciendo un “nuevo patrón de procesamiento por el cual los tribunales están asumiendo atribuciones de la Fiscalía. La potestad de imputar le corresponde a la Fiscalía no al tribunal”, explicó, a la vez que denunció como absolutamente grave e ilegal que se está generalizando la arbitraria imposición de una fianza por parte de los tribunales de control penal en desconocimiento a lo requerido por la Fiscalía.
El abogado explicó que así se prolonga la prisión de decenas de manifestantes apresados en todo el país, que no han salido en libertad hasta tanto se constituyan las referidas fianzas, cuestión que, además de ilegal por desconocer la autoridad fiscal, supone un trámite burocrático que puede demorar varios días, semanas o incluso meses.