La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York informó a la corte que no hará entrega de más evidencias usadas en el caso de los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, hallados culpables por un jurado de conspirar para transportar a los EEUU más de 5 kilos de cocaína desde Venezuela, en violación del Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 963, informa la periodista Maibort Petit en su blog.
Por Maibort Petit
@maibortpetit
El fiscal Joo Kim dijo en una carta dirigida al juez Paul Crotty que todas las solicitudes hechas por la defensa, en relación a los materiales usados en el expediente, fueron entregados antes del juicio y que no hay más documentación pendiente.
La defensa pidió la entrega de evidencias basadas en la regla Giglio & Brady, en especial los testimonios dados por el testigo confidencial de la DEA, CS1, José Santos Peña no sólo en la operación que condujo a la captura de los sobrinos del presidente Nicolás Maduro, sino en otros casos donde Santos Peña haya testificado. La defensa también pretendía tener acceso directo a los archivos del Departamento de Estado para buscar otros elementos que les permitan que el caso de Campo y Flores sea admitido en el tribunal de Apelaciones.
Con los argumentos expuesto en su último documento, la fiscalía da por cerrado el caso que -oficialmente- concluirá con la lectura de la sentencia de Campo Flores y Flores de Freitas que se tiene prevista para el 26 de junio de 2017.
Un asunto de narcotráfico
Desde el inicio de este caso el gobierno de los Estados Unidos calificó el expediente de los sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro como un caso exclusivamente de narcotráfico, restándole la connotación política que la defensa quería darle. Basado en esa premisa, la fiscalía trabajó todo el procedimiento con elementos que le permitieron probar que Campo Flores y Flores de Freitas estaban incursos en delitos de tráfico de narcóticos mucho antes de ser capturados por la DEA y que usaban sus influencias políticas para llevar a cabo su industria criminal.
El uso de la rampa presidencial del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía los diferenciaba de otros narcotraficantes que tenían que esforzarse en buscar mecanismos idóneos y seguros para sus negocios de narcotráfico. De allí que la fiscalía haya destacado -en varias oportunidades- que los sobrinos se jactaban de tener “oro puro” cuando se referían a las facilidades de cargar aviones con drogas en el hangar presidencial.
Un largo proceso
Flores de Freitas y Campo Flores fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015. Tras un proceso que ha durado más de 18 meses, y que incluyó un juicio de 9 días, el caso entró a su etapa final en abril de 2017.
A lo largo del procedimiento criminal la fiscalía hizo énfasis en el hecho de que los acusados tenían un negocio de narcóticos en marcha antes de la aparición de la DEA, con lo cual le restaron fuerza al argumento de entrampamiento expuesto por la defensa.
En los últimos documentos del gobierno se amplió la información sobre la relación que sostenían los acusados con otros narcotraficantes, entre ellos el jefe del cártel de la Guajira, Hermágoras González Polanco.
Tal como se dio a conocer en este blog, el gobierno de los EEUU sostiene que en agosto de 2015, Campo Flores y Flores de Freitas trabajaron junto a unas personas apodadas “Mayweather Jr.”, “Elio” y “El Samurai” para liberar a González Polanco, detenido y sentenciado a 15 años y 6 meses de prisión en Venezuela por tráfico de drogas y lavado de dinero.
Según lo expuesto por la fiscalía, los acusados habían acordado con gente cercana a González Polanco hacer las gestiones para su liberación a cambio de un pago de aproximadamente uno o dos millones de dólares y de enviar aviones cargados de cocaína desde Venezuela.
El Gobierno estadounidense estableció que la conspiración acusada involucraba a un grupo central de co-conspiradores -incluyendo a Campo, Flores, Roberto de Jesús Soto García, Carlos González, Orlando Daza Cardona, un hombre al que se refirió en varias ocasiones como “Pepero”, “Ppr” y “Pepe”, con otros que se unieron al acuerdo a medida que los acusados avanzaban en sus esfuerzos por capitalizar su poder político en Venezuela enviando grandes cargas de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía hacia los EEUU.
Los dos hombres serán condenados el 26 de junio por el juez Crotty. Los acusados no podrán beneficiarse del Memorando Holder que establece condenas mínimas obligatorias, ya que ambos fueron procesados como cabezas de una organización criminal.
La pena se calcula en unos 15 a 20 años de encarcelación más los costes de corte y penalidades que suelen superar el millón de dólares en algunos casos.