El director de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero, informó que durante las protestas opositoras registradas en estas dos últimas semanas han sido arrestadas 538 personas, mientras la cifra de presos políticos se ha elevado a 144. “En estos últimos días se suman 27 nuevos presos políticos a los 117 que habían hasta el mes de marzo”, detalló.
Nota de prensa
Romero precisó que la ciudad de Caracas es la que presenta mayor número de arrestos con 134 personas, seguida del estado Lara y los Altos Mirandinos con 88, la mayoría estudiantes y menores de edad; es decir, 241 detenidos del 4 al 16 de abril, de los cuales 152 esperan ser exculpados por presentación de fiadores y 89 que aguardan la audiencia de presentación. Además, 36 han sido privados de libertad por decisión judicial, de los cuales algunos quedan pendientes por determinar algunos casos para saber si cumplen las condiciones para ser sumados al listado de presos políticos.
“Un caso relevante son las 8 personas detenidas en Lara y remitidas a un tribunal militar que les dictó privativa de libertad y los envió a la cárcel de Ramo Verde en Los Teques, como sitio de reclusión”, mencionó Romero.
El abogado defensor de Derechos Humanos denunció que algunas personas retenidas durante las manifestaciones fueron tratadas y juzgadas de antemanos, sin proceso, como “terroristas”, irregularidad que coincide con el discurso de funcionarios del gobierno, sin embargo estas personas no enfrentan cargos de este tipo en sus expedientes.
Según Romero, “hay un nuevo patrón que se ha venido repitiendo como una “guía” y es la libertad bajo fianza, que no es el pago de un dinero, sino que la persona no está en libertad hasta que cumpla una serie de condiciones, que son difíciles de obtener y cumplir rápidamente, dijo este martes en rueda de prensa.
En cuanto a los tratos crueles e inhumanos, Romero informó que se está estudiando cada una de las denuncias, sobre todo aquellas en donde se coacciona a la persona para grabar vídeos señalando a otras o admitiendo hechos no ciertos. “Estamos recopilando todas las actas pero todavía no podemos determinar cuándo ni cómo haremos esas denuncias. Vale acotar que toda declaración hecha bajo coacción, presión u amenaza es nula”, aseguró basándose en el Código Orgánico Procesal Penal.
Asimismo, Romero hizo un llamado a la Fiscalía a investigar los casos de tortura y tratos crueles, y a la Defensoría de Pueblo a denunciar los hechos. “Lo que hacemos es exigirle a la Fiscalía que investigue. Hay que hacer una investigación y sobre todo la Defensoría debe hacer acto de presencia en los casos ya que hasta el momento eso no ha ocurrido”, puntualizó.
Respeto al número de fallecidos, según el Informe de Represión presentado este martes, se confirman 5 personas que perdieron la vida en manifestaciones por impactos de bala “producto de la brutal represión”. “Jairo Ortíz de 19 años en Miranda, Miguel Ángel Colmenares de 36 años en Lara, Bryan Principal de 14 años en Lara, Daniel Queliz de 19 años en Valencia y Gruseny Antonio Canelón de 32 años en Lara”, detalló el portavoz del Foro Penal.
Sobre los heridos, Romero señaló que existe un alarmante despliegue excesivo de funcionarios militares y policiales a lo largo del territorio con uso descontrolado de la fuerza. “También observamos la presencia de grupos paramilitares armados quienes se declaran afectos al gobierno y utilizan las armas de fuego para intimidar a la ciudadanía. En el caso de las Fuerzas Armadas y los policías su trabajo es disuadir las manifestaciones que se tornen violentas, sin embargo, están actuando antes de que siquiera se presente violencia y atacan a los manifestantes en plena movilización”, rechazó.
Como en otras oportunidades, recordó Romero, Foro Penal procederá a denunciar a nivel internacional a las personas identificadas como ejecutoras de graves violaciones de Derechos Humanos.
Por su parte, Gonzalo Himiob Santomé comentó que desde el año 2014 se han producido 7.543 arrestos por motivos políticos en todo el país, en protestas antigubernamentales. “Cifra alarmante y abrumadora que debe llamarnos la atención, y a la reflexión. Protestar y manifestar pacíficamente no es delito, es un derecho constitucional cuyo ejercicio está garantizado en la Carta Magna y tratados internacionales”, aclaró.
Himiob Santomé advirtió que han constatado que en las audiencias de los detenidos se repiten sistemáticamente las mismas violaciones a los Derechos Humanos, como la incomunicación y aislamiento de estas personas. “Ni los familiares ni los abogados tienen acceso a los detenidos hasta la audiencia de presentación, tal y como ocurrió en casos de 2007, 2013 y 2014”, recordó.
Foro Penal Venezolano constató el uso excesivo de perdigones, bombas lacrimógenas y gas pimienta. “También verificamos que en Caracas se utilizó un helicóptero por parte de los cuerpos de seguridad para lanzar bombas lacrimógenas, lo cual viola las normas relativas al control de manifestaciones públicas”, señaló Himiob Santomé.
Himiob también señaló que, pese a las amenazas del Presidente, no dejarán de denunciar las violaciones a los derechos humanos y los casos de torturas y tratos crueles que lleguen a su conocimiento. “Denunciar la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes no solo es nuestro derecho -indicó el abogado- es nuestro deber”.