En opinión de Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia a través de su comunicado que hizo público este martes, “asume un pronunciamiento político para tratar de sacar del juego la posición de la Fiscal General de la República, quien, con su declaración, vino a poner orden a la investigación penal en Venezuela, de acuerdo a lo que consagra el artículo 68 de la Constitución”.
Nota de prensa
Le recordó a Maikel Moreno, que él fue presidente de la Sala penal y que por tal razón está obligado a fortalecer el Código Orgánico Procesal Penal, Copp, además que como actual presidente del TSJ está obligado a respetar la Carta Magna.
Aseguró que las detenciones efectuadas luego del anuncio del Plan Zamora han sido, “arbitrarias” por ser justamente hechas mediante un plan que, “desprecia el proceso penal venezolano ni las competencias y atribuciones del Ministerio Público” al estar conformado por fuerza militar, formados para la guerra y que además no conocen lo que es el sistema jurídico venezolano.
Subrayó que luego del anuncio presidencial de la puesta en marcha del Plan Zamora, “se intensificó la represión con armas largas por parte de funcionarios policiales y militares, se multiplicó la participación de grupos irregulares armados, además del uso abusivo de sustancias tóxicas lanzadas hasta de helicópteros”, así como el elevado número de detenciones cuyo centros de reclusión terminaron siendo destacamentos militares.
Destacó que es de conocimiento público que para controlar las manifestaciones y el orden público, el Gobierno nacional incorporó al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, Conas, un equipo élite, “con competencias y funciones diseñadas para la guerra” que ha “reprimido” a la población en varios sectores de Caracas así como en varios estados del país
Calificó como una “vergüenza” las declaraciones del General de división, José Rafael Torrealba, Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Lara, Zodi Lara, quien dijera que acepta que los llamados colectivos, la mayoría, grupos armados de choque, “están en sintonía con la fuerza militar”.
Exhortó a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia a ejercer presión para que el comunicado de Maikel Moreno “sea revocado” porque la posición que asume el máximo tribunal de la República, “no le hace nada bien a los Derechos Humanos”.