Yosmar Hernández, de 42 años de edad, era abogada, tenía varios años laborando en la delegación de la Defensoría Pública en Guarenas y desde hace varias semanas había denunciado sobre la nueva táctica de los organismos públicos, los cuales presionan a sus empleados para que acudan obligatoriamente a las marchas convocadas por el Gobierno nacional hasta el día de su muerte.
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El martes 25 de abril, luego de negarse a barrer y recoger la basura en la Avenida Intercomunal de El Valle y de acudir a la marcha del 19 de abril en Puente Llaguno, Hernández se trasladó hasta su oficina para retirar sus pertenencias, pero comenzó a sentirse mal, se le subió la tensión arterial y falleció ese mismo día, dejando a dos menores de edad huérfanos.
Sobre este caso, las directoras de la organización Justicia Venezolana, las abogadas Lilia Camejo y Neida Pérez, informaron no es la primera denuncia que reciben.
En entrevista a LaPatilla.com, Camejo relata que “la Directora General de la Defensa Pública Susana Barreiros hizo la convocatoria obligatoria el día 16 para ir a la Plaza Bolívar de El Valle a los fines de barrer y limpiar las calles en la Avenida Intercomunal y, para ello, les suministraron escobas y bolsas negras. Pudimos conocer que los trabajadores que acudieron a la actividad también fueron agredidos desde los edificios aledaños con bolsas de hielo”.
Camejo indicó que las convocatorias para las marchas y concentraciones son denominadas internamente como “actividades especiales” y la inasistencia a las mismas “son consideradas como causal de remoción inmediata”.
Agregó que “el día 18 de abril les solicitaron a todos los defensores que no podían retirarse de sus puestos de trabajo e hicieron devolver a los que ya estaban en sus casas, con la excusa de presentar un informe de los detenidos el cual debería ser entregado el Director de Seguridad Mayor Baltazar Barreiros, hermano de Susana Barreiros y quien se encuentra en Comisión de Servicios. De esta manera lograron retener a todos los Defensores Públicos en sus oficinas y luego fueron fotografiados tras orden emitida por el Coordinador Delegado Luis Manzo”.
“No conforme con este procedimiento, a las 7 de la noche llegó una Comisión de la Dirección de Recursos Humanos con las notificaciones de despidos firmados por la Directora de Recursos Humanos Lic Iñaga, en las cuales se informaba a cada uno que habían sido removidos de sus cargos sin explicación alguna, solicitando sus carnet y credenciales”, indicó Camejo.
“Adicional a esto, quienes no quieren asistir a barrer, presentaron sus respectivas renuncias pero no les han sido aceptadas”, aseveró.
Además de la salida de Yosmar Hernández, seis abogados y compañeros de trabajo se encuentran en la lista de despedidos:
1.- YULIAMAR MEDINA, con 23 años de servicio, cargo defensora de protección de Lopna;
2.- CORINA VARGAS, 14 años de servicio, cargo Quinta de Ejecución;
3.- SOBEIDA RON, cargo Contencioso Administrativo;
4.- ZULAY MEDINA, cargo Protección y quien se encuentra de reposo;
5.- MANZANO, quien también se encuentra de reposo.
Camejo asegura que el caso de amedrentamiento y despido en instituciones del Gobierno no es el primero. “El mismo procedimiento fue realizado en el Palacio de Justicia de Caracas en contra de 18 Defensores”. Además, compartió un mensaje que le hicieron llegar otros denunciantes desde otros organismos públicos:
“Buenas tardes saludos cordiales:
Se le informa a todo el personal que se acaba de recibir la siguiente instrucción. Mañana concentración Plaza O’Leary a las 11 de la mañana con chaleco y gorra máxima capacidad y cargos del libre nombramiento y remoción deben acudir sin falta. Recuerden todo el personal sólo están exceptuados de este llamado personal de guardia en flagrancia”.