Cuando el presidente Nicolás Maduro anunció el pasado 1ro. de mayo la convocatoria a “una Constituyente (…) profundamente comunal”, busca cambiar la arquitectura del Estado contenido en la Constitución de 1999. La cual Hugo Chávez (1999-2013) calificó como “la mejor del Continente Americano”.
El régimen legal y administrativo de la Constitución de Chávez pone en jaque al gobierno de Maduro. Porque desde 2016 no puede manejar el país de forma autoritaria cuando la oposición consiguió la mayoría de la Asamblea Nacional. Aunque, lo ha hecho con la venia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Sin embargo, esta forma de administrar el país se agotó con el golpe de Estado del pasado 1ro. de abril, cuando el TSJ informó al país que asumía las competencias parlamentarias, alegando que la Asamblea estaba en “desacato”.
La Asamblea Nacional con mayoría opositora se convirtió en un poder que Maduro debía disolver para poder seguir en la presidencia del país. Y no es sólo por la agenda legislativa, sino por sus funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Publica Nacional, la aprobación del presupuesto nacional y la autorización de los créditos adicionales, entre muchas otras.
Después de dieciséis años gobernando un país de manera autoritaria competitiva, en el cual se excluyó a la oposición, condujeron al gobierno de Maduro a no aceptar la nueva realidad de la Asamblea Nacional. Una situación que condujo al poder ejecutivo a revelar las prácticas antidemocráticas de forma permanente. A tal punto que el 30 de mayo 2016 el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, presentó un informe sobre Venezuela ante el Consejo Permanente con el objetivo de mostrar la “alteración del orden constitucional” y del “orden democrático” por parte del gobierno de Maduro.
Diez meses después, el 14 de marzo, el Secretario General de la OEA presentó al Consejo Permanente un informe actualizado sobre la situación en Venezuela. Y afirmó que el gobierno de Maduro viola todos los artículos de la Carta Democrática Interamericana. Y propuso que la mejor manera para resolver dicha situación en el país bolivariano era con la “celebración de elecciones generales”.
Ya que en democracia cuando existe una crisis de gobernabilidad, el mecanismo para resolverla es regresando a la consulta popular a través del voto universal, libre, igual, directo y secreto de los ciudadanos.
Este año el diálogo -mecanismo disuasivo del gobierno de Maduro-, que le sirvió el año pasado para no someterse al referendo revocatorio presidencial, había perdido validez como un mecanismo para la resolución de conflictos. Al no cumplir con ningún acuerdo el oficialismo. Fue utilizado para ganar tiempo, y transcurriera el lapso que permitía convocar en 30 días unas nuevas elecciones presidenciales.
Tanto la oposición como gran parte de la comunidad internacional coinciden en que la mejor solución para resolver la crisis de gobernabilidad en Venezuela es celebrando una elección presidencial este año. Un mecanismo sencillo. Los partidos políticos han renovado su inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Todo está servido para efectuarlas.
Sin embargo, Nicolás Maduro y su gobierno no coinciden con esta solución. Porque tienen miedo a perder la elección presidencial. Y piensan que no tienen un mañana. Por lo que se aferran al poder a como dé lugar. Se “juegan a Rosalinda”, la Constituyente comunal, para seguir gobernando el país.
Para legitimarla utilizan el argumento de que el Presidente puede convocar una Asamblea Constituyente Nacional, artículo 347 de la Constitución de 1999. Y el equipo que se arma para realizarla es el entorno duro de Maduro con algunos integrantes de la última Constituyente, que permite decir que no es una traición a “la mejor” Constitución de Chávez.
La nueva Constitución buscará eliminar el Estado Federal, Democrático y Descentralizado de 1999, e instaurar el Estado Comunal. Para poder controlar de manera definitiva el país. Asimismo, dejará sin efecto la actual Asamblea Nacional desde el momento que se instaure la Asamblea Constituyente. Maduro logra así su objetivo: sacarse de encima el poder legislativo y quitarle la inmunidad a los diputados.
En el nuevo Estado Comunal, el ciudadano reunido en asamblea de ciudadanos, escoge solamente a los miembros del Consejo Comunal en una elección de primer grado. El resto de las instancias del gobierno comunal serán elegidos sin el voto directo del ciudadano.
Maduro afirmó que “serán 500 los constituyentitas, de los cuales 250 serán electos por la base obrera”. Y los 250 restantes serán elegidos en “un sistema territorizado, con carácter municipal, en las comunidades, con voto directo, secreto”.
Por lo que la Asamblea Constituyente nace con un diseño controlado por el gobierno, al asegurarse los 250 electos por la base obrera -entiéndase miembros del Frente Francisco de Miranda o Consejos Comunales. Los otros 250, entre los que caben posibles constituyentitas independientes u opositores, electos de forma directa serán utilizados para legitimar la narrativa del gobierno de ser un proceso de elección abierto.
Al final, el objetivo último de la “Constituyente Comunal” de Maduro es asegurar su mando presidencial. Porque el presidente es el verdadero poder en el Estado Comunal.
Por ello la Constituyente de Maduro es el medio para consolidar la dictadura en Venezuela.