Salvatore Lucchese, dirigente de Voluntad Popular en Carabobo, se refirió este sábado al Plan Zamora aplicado en esta entidad, como una especie de suspensión de garantías constitucionales disimulada, con un barniz de plan de seguridad, en el que se pretende -bajo un clima de amedrentamiento y zozobra- impedir que el pueblo continúe manifestando en contra de las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, así como del golpe continuado que el régimen viene perpetrando contra la democracia y las instituciones del país.
Nota de Prensa
El activista aseguró que, en principio, el Plan Zamora es una aberración ilegal, pues con la fachada de querer mostrar ante el mundo que la Fuerza Armada actúa de la mano con el pueblo para defender a la nación, lo que verdaderamente ocurre es que las fuerzas de seguridad se han aliado a bandas criminales organizadas para amedrentar a la población que quiere un cambio pacífico en el país, llegando incluso a hechos como la agresiones a individuos y propiedades, con el pretexto de estar defendiendo la revolución bolivariana.
“En nuestro país, el monopolio de las armas debe estar en manos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es quien tiene la competencia en materia de control de armas de fuego. Así que armar a civiles para reprimir a la gente es una locura, pues el control del orden público requiere una preparación y unos protocolos específicos que van en función del respeto a la vida, a la propiedad privada. Justamente lo que no vemos aquí”.
Según Lucchese el gobierno pretende vincular los hechos de saqueos y vandalismos registrado en la entidad Carabobeña con las protestas pacíficas que viene realizando la oposición venezolana desde hace más de un mes, manipulación que busca -entre otras cosas- ligar a líderes de la oposición con actos de vandalismo, con la idea de acusarlos judicialmente y anularlos políticamente.
“Desde un principio, algunas personalidades del oficialismo han querido vincular la protesta pacífica con los hechos vandálicos, cuando todos hemos sido testigos de quiénes son los que han promovido la violencia, la represión y el vandalismo. Pues el plan queda al desnudo cuando uno revisa declaraciones de personajes oficialistas que aseguran, sin ningún tipo de investigación ni pruebas, que detrás de estos hechos están líderes opositores que supuestamente financian y generan acciones como las registradas recientemente en diferentes municipios de Carabobo”.
Citó como ejemplo las declaraciones del secretario de Seguridad Ciudadana de Carabobo, Carlos Alcántara, quien en una nota de prensa reciente dijo que “hay un plan que consiste en convocar diversas manifestaciones en forma simultánea, en distintos puntos de la entidad, para, en forma premeditada, disminuir las acciones de las fuerzas de seguridad y orden público, detrás de los cuales supuestamente estarían dirigentes de un ‘ala radical’ opositor”.
“¿Qué pretenden; suspender el derecho constitucional a la protesta? ¿Ese era el plan? ¿Incendiar las calles con violencia y vandalismo para luego decir que es culpa de las manifestaciones opositoras y así acabar con la protesta legítima del pueblo venezolano que quiere un cambio pacífico?”
En este mismo sentido, también se refirió a las declaraciones publicadas en la prensa regional donde el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach insta a los dirigentes políticos de la oposición a no convocar “actividades que distraigan las fuerzas del orden púbico”, lo cual sería una forma de coartar derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional, como el de la manifestación.
“Ya es suficiente con el hecho de que en las noches no podamos salir de nuestras casas en esta especie de toque de queda que nos han impuesto, para también coartar el derecho a la manifestación pacífica”.
Finalmente hizo alusión a las afirmaciones del mayor general Antonio José Benavides Torres, en las que éste aseguró que se aplicará la justicia militar a civiles, a pesar de que esto violaría derechos humanos consagrados no sólo en nuestra Constitución, sino en tratados internacionales suscritos por Venezuela.
“Esta es otra evidencia de la inexistencia de garantías, pues toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales. El gobierno no puede estar acusando sin pruebas a cualquiera de terrorismo, mucho menos estar vinculando hechos violentos que más bien pareciesen que fuesen orquestados por el oficialismo para terminar salpicando a la oposición, con la finalidad de anularlos políticamente y así intentar acabar con la protesta”.