Tras más de 50 días desde que comenzó la desobediencia civil masiva en Venezuela, más de 50 personas han muerto a manos del gobierno
La gente ha perdido el miedo y el gobierno está recurriendo a medidas cada vez más represivas para someter a la población. La idea es hacer lo que sea necesario para mantenerse en el poder sin importar la cifra de fallecidos.
Por: Center For Security Policy/ Luis Fleischman/Traducción libre de lapatilla.com
En este sentido, el gobierno venezolano está lanzando el llamado “Plan Zamora”, una estrategia poco clara y que no ha sido publicada de forma escrita; lo que convierte la iniciativa en impredecible y peligrosa. Hasta ahora, el “Plan Zamora” ha sido aplicado en tres estados: Táchira, Carabobo y ahora Barinas (lugar natal de Chávez).
El “Plan Zamora” consiste en una coalición cívico-militar que agrupa guardias nacionales, ejército, milicias y grupos paramilitares. El objetivo es “prevenir un coup d’état (Golpe de Estado)” y “restablecer el orden”. Esto significa un incremento de la represión, el asesinato de manifestantes y eliminación de políticos de la oposición al estilo SA.
De hecho, en los últimos días, cinco manifestantes fueron asesinados traicioneramente bajo el esquema del plan. Es un sistema dirigido con la finalidad de intimidar a los manifestantes hasta el punto de disuadirlos de unirse a nuevas protestas.
Maduro también ha propuesto una reforma constitucional apuntando a la eliminación de la Asamblea Nacional, actualmente dominada por la oposición. La nueva Constitución sería redactada por una Asamblea Nacional Constituyente cuyos integrantes serán escogidos cuidadosamente como marionetas por el régimen de Maduro. Esta movida garantizaría la consolidación del poder en las manos de Nicolás Maduro.
Más sanciones
Los Estados Unidos han ampliado sus sanciones unilaterales una vez más y sus últimas medidas fueron dirigidas contra el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y otros magistrados del Poder Judicial, tras intentar despojar a la Asamblea Nacional de sus competencias. Las sanciones involucran el congelamiento de sus activos en EEUU y ningún ciudadano estadounidense tendrá permitido hacer negocios con ellos.
Este es un paso importante para desalentar a altos funcionarios del gobierno madurista de obedecer órdenes ilegales e inconstitucionales. Sin embargo, sigue siendo insuficiente dada la magnitud de los crímenes del régimen venezolano.
A partir de ahora, todos los oficiales militares, todos los oficiales de seguridad y todos los funcionarios gubernamentales que sigan al gobierno deben ser sancionados. Al igual que cada ciudadano involucrado en el negocio del narcotráfico, que hoy en día es uno de los negocios más grandes del gobierno. El propósito de éstas medidas debería ser alentar la deserción del gobierno.
De igual manera, la administración de Trump no debería comprometerse con lobistas o con miembros del Congreso que hayan estado haciendo lobby con el gobierno venezolano.
La mayor parte del lobby que realiza Venezuela es conducido a través de Citgo, la empresa instalada en suelo norteamericano asociada con la compañía petrolera estatal de Venezuela Pdvsa. Hasta ahora, Citgo ha logrado éxitos increíbles, lo que genera mucha preocupación en términos de como agentes extranjeros pueden corromper a funcionarios de Washington.
Por ejemplo, la exsenadora Mary Landrieu evitó que el Senado aprobara leyes de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano en 2014. Asimismo, el excongresista Joseph Kennedy estuvo a cargo de Citizens Energy, una organización sin fines de lucro que distribuía combustible para calefacción que provenía de Citgo en barrios pobres estadounidenses, a cambio de comprar la buena voluntad el establishment estadounidense.
Lo mismo sucede con los intereses comerciales de empresarios en los Estados Unidos, que, hasta ahora, han impedido sanciones completas contra Citgo y Pdvsa. Este paso también está demasiado atrasado y podría tener consecuencias devastadoras para el régimen de Maduro.
Entre las promesas de campaña de Trump se encontraba la restricción de éstos grupos de presión y esperamos que el presidente honre sus promesas.
Los cómplices de la desinformación
Adicionalmente, Venezuela tiene sus propios cómplices, conscientes e inconscientes, en su campaña de desinformación dentro de los Estados Unidos. Esta semana, el reverendo Jesse Jackson instó a la administración de Trump a “no ayudar a deshacerse de un régimen que no le gusta”, como si Venezuela no fuera un gigantesco violador de derechos humanos o el patrocinador número uno del crimen internacional trasnacional.
Jackson elogiaba que el régimen fundado por Hugo Chávez había reducido la pobreza y mejorado la atención médica, como si Venezuela no estuviera enfrentándose a una hambruna en la actualidad o como si los venezolanos estuvieran más seguros ante la violencia patrocinada por el gobierno. Peor aún, el Reverendo critica a la vieja élite que gobernaba en Venezuela antes de Chávez y se olvida de la nueva clase de billonarios que se creó en el chavismo al permitirles beneficiarse de negocios de dudosa reputación, influencias con el gobierno y simple corrupción. En esto está incluido el propio Vicepresidente, quien a los 40 años, ha logrado acumular una fortuna de tres billones de dólares en un supuesto régimen de socialismo igualitario.
Jackson también acusa a los Estados Unidos de movilizar a la Organización de Estado Americanos (OEA) contra Maduro, cuando, de hecho, el Secretario General de la instancia internacional fue el excanciller de un presidente uruguayo con fuertes credenciales de izquierda. Jackson olvida que los miembros de la OEA están consternados por las violaciones a la Carta Democrática Interamericana y al compromiso de los derechos humanos. Además, países de la región como Brasil y Colombia están preocupados por el hecho de que los carteles de la droga están recibiendo armas rusas provenientes de Caracas, incluyendo Manpads, un misil de superficie-aire que puede ser lanzado apoyándolo en el hombro. El gobierno sueco también confirmó que tales misiles fueron hallados en un campo dirigido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Por último, pero no menos importante, Jackson llamó a seguir la iniciativa de San Vicente y las Granadinas, un país caribeño que ha acusado a la OEA de ser una “arma de destrucción” contra Venezuela. Pero Jackson no menciona que San Vicente y otros países del Caribe se han beneficiado de la generosidad petrolera venezolana a cambio de apoyo político. Además, como escribí hace algunos años, varios países del Caribe que forman parte de la Alianza Bolivariana Política de Venezuela (ALBA) han emitido pasaportes a los iraníes, presumiblemente a petición de Venezuela.
San Vicente y las Granadinas produjo documentos de viaje poco fiables, donde cualquiera puede obtener un nuevo pasaporte y cambiar fácilmente sus nombres. Es razonable suponer que los iraníes podrían haber aprovechado esta vulnerabilidad. Asimismo, San Vicente forjó una alianza con Irán, que envió a la isla unos siete millones de dólares para proyectos sociales.
La Administración Trump, así como los medios de comunicación y el público, deben ser conscientes de éstos hechos y luchar políticamente contra los obstáculos que nos impiden cumplir con la obligación de proteger nuestra seguridad nacional, la seguridad de la región y los valores que América defiende.
Los esfuerzos diplomáticos y económicos deben continuar hasta que Venezuela recupere su democracia.
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