Hasta los momentos son muchas las explicaciones ofrecidas por los expertos en relación con el nuevo panorama político planteado en el país, a propósito de la convocatoria a Constituyente que está haciendo Nicolás Maduro y los grupos que dicen apoyarlo; pero pese a ello, aunque estemos claro en cuanto a las intenciones del régimen de perpetuarse en el poder hasta más allá de los años 50 como, de manera descarada amenazan, se puede entender que existan dudas en la mayoría de la población sobre la decisión a adoptar para hacer valer los derechos que constitucionalmente nos quieren terminar de arrebatar.
Por Juan José Moreno / @JJMorenoA
Por eso en esta oportunidad quiero invitar a una reflexión en torno a los hechos reales que en mi opinión deben ser tomados en cuenta para entender la situación que está planteada. En primer lugar, no es secreto para nadie la cualidad del contendiente al que enfrentamos, porque todos conocemos el carácter de sus actuaciones a todo lo largo del proceso vivido desde la instalación del chavismo en el poder, hasta nuestros días, donde la manipulación de la opinión pública y las trampas han sido su estilo de “gobernar”, esto en el plano interno; mientras en lo externo, todo el mundo y en especial en aquellos países donde los negocios reportan las mayores ganancias (Estados Unidos y en los llamados paraísos fiscales, entre otros) se vienen mostrando y denunciado una larga lista de personas vinculadas al régimen relacionados con delitos como tráfico de drogas, lavado de dinero y cuantiosos depósitos bancarios presuntamente provenientes de operaciones ilícitas. De hecho, hay “prominentes” personajes del oficialismo que pese a los frecuentes chárter turístico-gubernamentales del Presidente, no se atreven a poner un pié fuera del país, a menos que sea a Cuba, porque se exponen a que organismos de seguridad con jurisdicción internacional les pongan los ganchos.
Sumado a ello, tampoco es secreto para nadie que la degeneración de la democracia que sufre el país, apoyada por una masa enceguecida por el engaño de hacerla sentir feliz y esperanzada, ya definida desde Aristóteles entre las distintas formas de gobierno como ococlasia e incluida la palabra dentro del DRAE, conforman un Estado de terror que no deja de causar cierto temor en un sector de la población que se siente amedrantado y su situación personal en riesgo. No obstante, debemos igualmente reconocer y valorar la actitud de una gran porción e venezolanos que, enfrentando amenazas, se han atrevido a desafiar la autoridad forajida con un costo que a lo largo de todo el proceso desde la instauración del régimen ha cobrado más de un centenar de vidas.
En segundo término, debemos tener claro que en este proceso degenerativo de la democracia caracterizado fundamentalmente por la ruptura del orden Constitucional desde que inició su desconocimiento al Poder Legislativo, con la truculenta designación de unos magistrados espurios y la consecuente separación de la representación de los diputados electos por el Amazonas para impedir el ejercicio de la mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional, así como el traspaso de las funciones de la AN al Tribunal Supremo de Justicia y las sucesivas actuaciones de este ente puesto al servicio exclusivo del presidente Maduro, y la asignación de funciones claves del entramado institucional del país a las Fuerzas Armadas, el régimen ha llegado a su punto culminante con su convocatoria a una Asamblea Constituyente con la que ahora pretende echar al cesto lo que desde su promulgación calificaron como la “mejor Constitución del mundo”.
Pero en esta situación hay algo en la que coinciden no sólo los expertos constitucionalistas del sector democrático que defienden la vigencia y principios de la actual Carta Magna sino también, como ha sido notorio, la propia Fiscal General de la República y dos magistrados del TSJ, en ambos casos gentes no precisamente vinculados a la oposición. Y en este sentido, existen en la Constitución especialmente tres artículos claves en los que se centra la discusión: en el 347, se establece que el pueblo d Venezuela es el depositario del poder constituyente originario, y que en el ejercicio de dicho poder, puede “convocar” una Asamblea Nacional Constituyente, léase bien convocar, y agrega que esa ANC puede “transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”; mientras en el 348, que la “iniciativa” de convocatoria, la pueden ejercer entre otros el Presidente de la República, es decir la iniciativa. Entonces, para cualquier persona honesta y apegado a la verdadera letra constitucional debe quedar claro que existe una gran diferencia entre iniciativa de convocatoria y convocar propiamente dicho. Por demás está recordar las propias palabras de Hugo Chávez cuando, en la oportunidad de su primera convocatoria a Constituyente, quiso dejar sentado que la auténtica soberanía reside en el pueblo y que por encima de ella nadie “ni el propio Presidente de la República” se podría imponer. De manera que las interpretaciones del régimen y de su oficina de alcahuetería jurídica en la que convirtió al TSJ, son completamente erradas a la luz de cualquier análisis. Por lo tanto, hasta aquí podemos concluir y decir que estamos claro.
Luego, sólo nos queda a los venezolanos estar claro del deber que nos señalan otros dos artículos de la Constitución: el 333 que nos impone a los venezolanos la obligatoriedad de que en la eventualidad de que “la Constitución dejara de observarse por acto de fuerza o porque fuera derogada por cualquier otro medio distinto a lo previsto en ella (…) todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”. Y por otra parte, el muy mencionado e invocado artículo 350 de la misma Constitución, impone: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabo de los derechos humanos”. ¿Suficientes, o canta más claro el gallo?
Entonces, podemos concluir por el momento en dos cosas: en primer lugar, que no podemos caer en un nuevo engaño del régimen con su farsa de convocar a Constituyente primero y después a elecciones regionales, porque sabemos que, de darse la primera, la segunda posibilidad quedaría anulada, y de trampas como esa conoce mucho el actual CNE y especialmente su subordinada jefa Tibisay Lucena; en segundo término, que tal como está ocurriendo, los artículos 333 y 350 de la Constitución están vigentes dado que la trama está armada y que las luchas deberán continuar, porque a eso es a lo que obliga nuestra vigente Carta Magna y, porque haciendo propia la frase de aquellos que antes se ufanaban de ser sus defensores “Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada”, y por ello nadie podrá sacarnos a estas alturas de la calle.
@JJMorenoA