Rafael Narváez, abogado y coordinador de la Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, anunció que pedirá al Ministerio Público una investigación al Plan Zamora, al General Antonio Benavides Torres, así como el componente de la Guardia Nacional Bolivariana por crímenes de lesa humanidad. “Han venido actuando sin límites, contrariando los preceptos constitucionales y los pactos internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos por Venezuela”, reseñó El Impulso.
Explicó que aunque está consciente que el antejuicio de mérito para un oficial de alta jerarquía debe pasar por diversos mecanismos constitucionales, hará las diligencias necesarias ante la Fiscalía general de la República para que en el corto plazo se investigue lo que hay detrás de este plan y de quienes lo dirigen. “Habrá que investigar con la Constitución en mano, las torturas y los tratos crueles e inhumanos que se han cometido por quienes diseñaron y ejecutaron este plan”.
Por otra parte, deploró el hecho de que la Guardia Nacional Bolivariana haya sido el brazo armado contra las manifestaciones pacíficas. “Le recuerdo al General Antonio Benavides que los allanamientos que están produciendo masivamente sin orden judicial son crímenes de Lesa humanidad”, destacando además que aunque exista un Estado de excepción, este debería respetar cuatro principios: La vida, la libertad, el debido proceso y la libertad de expresión.
Recalcó que en cuanto a la justicia militar, “no está preparada para procesar a civiles”, ya que su función principal es la actuación sobre delitos militares cometidos por militares activos y condenó que ahora estén invadiendo el sistema de legalidad venezolana. “El Ministerio Público es el garante de la legalidad, el debido proceso y quien tiene el monopolio de la acusación penal, por lo tanto es el órgano que debe investigar los delitos”.
Sobre el desarrollo del Plan Zamora en su fase dos, el jurista lo definió como el “huracán de la muerte” ya que en su opinión, sus resultados son, “represión brutal y sin límites” sumado a un conjunto de “detenciones arbitrarias, heridos de bala y fallecimientos” como ha ocurrido recientemente en Barinas y en la Universidad de Oriente, UDO, en el estado Bolívar, “donde la fuerza pública, sin respeto alguno de los derechos civiles, asesinó al estudiante Augusto Puga y dejó tres heridos de bala, profanando la autonomía universitaria”.
Aseguró que la puesta en marcha de esta nueva etapa del Plan Zamora dejó más de 45 fallecidos, 770 personas heridas y unas 1.800 detenciones arbitrarias y recordó además que el propio ministro de la defensa, Vladimir Padrino López había dicho que el componente militar que intenta contener las protestas, no llevaría armas letales. “Ministro, ¿de qué han muerto los últimos venezolanos en medio de estas protestas? No olvide que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, tal como lo establece el Estatuto de Roma”.
Rafael Narváez cuestionó sobre lo que pudiera ser la siguiente fase del Plan Zamora. “¿Será que aspiran sacar al Ejército para combatir con balas y más detenciones arbitrarias, a todos aquellos que piensan distinto como forma de buscar soluciones en el país?