Diferentes fuerzas de seguridad y militares se reparten las tareas de hostigamiento sobre quienes protestan contra el gobierno. Qué las diferencia y a quiénes responden
Tras dos meses y diez días de intensas protestas, la feroz respuesta represiva de un régimen al que se le cayó la máscara democrática ya mató a 85 personas. Miles de ciudadanos se movilizaron el jueves a la noche en Caracas para recordar a la última víctima, Neomar Lander, de 17 años. Murió luego de que un policía le disparara una bomba lacrimógena en el pecho mientras marchaba en la céntrica avenida Francisco de Miranda.
Por: Darío Mizrahi/ Infobae
Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 dejaron en claro que el gobierno de Nicolás Maduro perdió el apoyo popular y se volvió una expresión minoritaria. Por eso impidió que se realizara un referéndum revocatorio que habría implicado su salida del poder. La irrefrenable ola de protestas que comenzaron a principios de abril demuestra que ya ni siquiera tiene el control de la calle, que había dominado desde el ascenso de Hugo Chávez.
El principal sostén del chavismo hoy son las fuerzas armadas y de seguridad, que a pesar de la debilidad del gobierno se mantienen firmes en la decisión de ahogar toda forma de expresión política opositora. Los dos principales “ejércitos” son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que están todos los días en la calle reprimiendo al grueso de las protestas.
Policía y Guardia Nacional, las dos fuerzas de choque
“Ambos cuerpos operan de forma conjunta. Básicamente, primero interviene la PNB, y luego, de acuerdo a la dimensión de la protesta, la GNB. Además, la Guardia Nacional se ve desplegada en las principales ciudades del país, en las cuales toma avenidas y puntos claves con tanquetas, equipos y efectivos que restringen el paso y el libre tránsito de los ciudadanos”, contó José Antonio Rivas Leone, profesor del Centro de Investigaciones de Política Comparada en la Universidad de Los Andes Mérida, consultado por Infobae.
La PNB es un órgano civil, cuenta con unos 16.000 efectivos y depende directamente del Ministerio de Relaciones Interiores. En cambio, la GNB, que tiene 70.000 agentes, es una de las cuatro ramas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así que no tendría por qué ocuparse del control de la seguridad interior. Sin embargo, la PNB está supeditada a la GNB, ya que su jefe, el mayor general Juan Francisco Romero Figueroa, y el ministro de Interiores, el mayor general Néstor Luis Reverol Torres, son los hombres fuertes de la Guardia Nacional. Por encima de ellos, como máxima autoridad políticomilitar por debajo de Maduro, está el mayor general Vladimir Padrino López, que es ministro de la Defensa y Comandante Estratégico Operacional de la FANB.
“La gran promesa que se hizo en Venezuela en 1999, cuando se aprobó la Constitución, fue la desmilitarización de la seguridad ciudadana. Ese compromiso nunca pudo ser honrado y lo que vemos hoy es la militarización en su máxima expresión. Lo único que sostiene al gobierno es el control del Ejército sobre el pueblo”, explicó a Infobae Rocío San Miguel, presidente de la asociación civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional.
Señalado por ser el principal responsable político de la brutal represión, Reverol fue destituido este jueves por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. Si bien el parlamento tiene la facultad constitucional para remover ministros, en los hechos fue despojado de toda autoridad por el gobierno y su títere, el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso el funcionario continuará en el cargo. “A partir de este momento además de asesino le diremos usurpador”, dijo la presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano.
Al grave problema de que la seguridad y el orden público sean abordados con un lógica militar, hay que sumar otro aún más grave: la politización de los uniformados. “La partidización e ideologización de la FANB durante las presidencias de Chávez y Maduro terminó hipotecando su prestigio y desempeño —dijo Rivas Leone—. Sirve no a la nación venezolana, sino al gobierno, a una parcialidad política, llámese Revolución Bolivariana, Socialismo del Siglo XXI o chavismo”.
Las fuerzas de reserva
Hasta el momento, el Ejército Nacional no participó directamente en la represión. Pero al régimen le fascina hacer desfiles mostrando su poderío y Maduro no va a dudar en utilizarlo si considera que su gobierno corre peligro. Tiene uno 130.000 efectivos y su jefe directo es el mayor general Juan de Jesús García Toussaintt, aunque por encima de él está Padrino López. “En teoría no debería intervenir, a menos que haya una escalada de violencia o una explosión social que desborde la capacidad operativa de la GNB y de los cuerpos de seguridad”, dijo San Miguel.
Una fuerza con la que Chávez y Maduro buscaron amedrentar a sus detractores, aunque todavía no utilizaron, es la Milicia Nacional Bolivariana. Son civiles armados por el gobierno para servir de complemento a la FANB en caso de que se desaten emergencias o se declare el estado de excepción. Su comandante es el mayor general César Vega González y se calcula que tiene unos 100.000 miembros, aunque Maduro anunció el 17 de abril, sólo 15 días después de que se desataran las protestas, un plan para que lleguen a ser medio millón.
“Este inminente despliegue de fuerzas militares y de milicias civiles ordenado por el Poder Ejecutivo representa una grave amenaza a los estándares en materia de protección de la seguridad ciudadana y de los derechos humanos”, aseguró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un comunicado difundido el pasado 20 de abril.
Hay un órgano —quizás el más importante de todos— que opera en las sombras. Es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su presupuesto y su plantilla son clasificados, así que no hay datos certeros sobre sus integrantes. Ni siquiera se puede tener clara dimensión de cuáles son todas sus actividades. Pero es cada vez más relevante en la estructura de poder del chavismo.
No es una fuerza de choque así que, formalmente, no participa de la represión. No obstante, muchos de los manifestantes detenidos son trasladados a cárceles del Sebin, lo cual carece de toda lógica, a menos que el objetivo sea obtener información para aumentar el control sobre la oposición. Por otro lado, durante las movilizaciones de 2014 fue notoria la participación de agentes de inteligencia en los ataques contra los manifestantes. De hecho, fotos y videos registraron el momento en que el comisario del Sebin José Ramón Perdomo Camacho asesinó a balazos al estudiante Bassil Da Costa, el 12 de febrero de 2014. Luego sería condenado a 29 años y 6 meses de prisión.
“Es la policía política del estado venezolano. Ha hecho detenciones y seguimientos”, contó Luis Alberto Buttó, director del Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad de la Universidad Simón Bolívar, en diálogo con Infobae. También es dirigido por un militar, Gustavo González López. Aunque el jefe político es el vicepresidente Tareck el Aissami, uno de los civiles más poderosos en la estructura del chavismo.
El ejército irregular
La sexta fuerza es sin dudas la más peligrosa, porque está al margen de las estructuras estatales. Se los conoce como “colectivos” y son bandas criminales, fuertemente armadas, que responden al gobierno. El poder político y militar les brinda impunidad para que se dediquen a una amplia gama de negocios ilegales y, a cambio, operan como grupos de choque que emboscan, atacan y eventualmente asesinan a manifestantes opositores. Controlan algunos barrios marginales de la periferia de Caracas y de otras grandes ciudades, y se hacen notar porque se mueven en moto.
“Son grupos armados que están al margen de la ley, y que son afines a la defensa de la revolución —contó San Miguel—. Están operando en muchos estados con la anuencia de las autoridades militares. Esto ha quedado demostrado en Caracas, Táchira, Mérida, Carabobo, Barinas y Lara. No ha existido ni una sola operación registrada para reprimir a los colectivos”.
Al ser extremadamente violentos e inorgánicos, se volvieron cada vez más incontrolables. “Ahorita no existe una autoridad única, hay quienes son más cercanos a Diosdado Cabello, otros a Freddy Bernal (el jefe nacional de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción) y otros a Maduro”, explicó Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), recientemente entrevistado por Infobae.
“Estas fuerzas irregulares o paraestatales operan con la complicidad y el apoyo del gobierno y de los propios organismos de seguridad. ‘Colectivos’, ‘círculos bolivarianos’ y otros siembran terror en ciertos sectores y lugares de Venezuela, queman y atentan contra particulares y bienes públicos y privados. Hemos visto que se cuestiona su actuación desde el punto de vista verbal, mas no en términos de la realidad, donde pareciera que cooperan en las acciones de represión contra los venezolanos que están en las calles mostrando inconformidad con unas políticas que se traducen en hambre, miseria, desnutrición, escasez de medicinas y alimentos, inseguridad, corrupción y demás”, afirmó Rivas Leone.
Una anarquía creciente
“No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de estado, de la preeminencia de los derechos humanos, y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad”, dijo Padrino López esta semana durante un acto en el Fuerte Tiuna de Caracas.
La declaración del máximo responsable de la seguridad y la defensa en el país generó mucha sorpresa. Algunos dirigentes y comentaristas elogiaron su honestidad, que esconde una autocrítica implícita, algo que choca con los cánones del discurso chavista. Pero otros lo consideraron una hipocresía, ya que tomó distancia del accionar de agentes que no hicieron más que ejecutar sus órdenes.
“Las críticas tienen que concretarse en hechos operativos. Si bien suponen un reconocimiento de la atrocidades que se cometieron, no hasta con una declaración de principios. Es necesario que haya sanciones contra los funcionarios que transgredieron la ley y violaron los derechos humanos. Esas palabras deben hacerse buenas. Es una obligación”, dijo Buttó.
Más allá de las interpretaciones sobre sus motivaciones, lo que dijo Padrino López evidencia algo que resulta cada vez más claro para cualquier observador: las fuerzas represivas están descontroladas. Actúan como bandas, y si se les sacara el uniforme, resultaría muy difícil distinguirlas de los colectivos. El ejemplo más burdo es el video que muestra a cuatro policías robándoles las pertenencias a dos mujeres que participaron del Gran Plantón del lunes pasado.
“Se está viendo que no hay una unicidad de mando, especialmente de parte del comandante estratégico y ministro de Defensa. Hay reglas de enfrentamiento distintas dependiendo de quién es el comandante de la GNB en cada estado. En algunos casos se respetan más los derechos humanos, pero en otros se violan franca y deliberadamente. Es algo muy peligroso porque pueden generarse mecanismos de anarquía. Tengo la impresión de que en este momento nadie en Venezuela puede atribuirse el control total de las Fuerzas Armadas”, concluyó San Miguel.