La diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar denunció la sistemática persecución en contra de los alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática.
Nota de prensa
“Desde hace 3 años hay una persecución permanente en contra de nuestros alcaldes. Para la fecha hay 3 alcaldes presos: Delson Guarate, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos. Además, Lumay Barreto destituida ilegalmente en Apure y Warner Jimenez de Maturín está en el exilio”, denunció.
La diputada detalló que de 80 alcaldes de la MUD, a 30 se le han abierto al menos una investigación. “El gobierno ha utilizado las instituciones del Estado para acabar con los municipios y su autonomía con el encarcalamiento de sus alcaldes y la creación de estructuras paralelas como las comunas y la no transferencia de recursos buscando ahogar económicamente a los municipios”.
Por otro lado, Bolívar denunció desde la Asamblea Nacional que el Tribunal Supremo de Justicia de manera ilegal y sin fundamento ha emitido sentencias acusando a los alcaldes de no garantizar el derecho al libre tránsito con argumentos ficticios. “Pero las irregularidades no se acaban. Recordemos que el SEBIN ha citado a alcaldes como David Smolansky a interrogatorios, cuando es la fiscalía quien tiene la potestad de abrir investigaciones”.
Durante su derecho de palabra en el Parlamento, la diputada destacó que la dictadura ha pretendido acabar con la autonomía centralizando todo en el Ejecutivo Nacional. “Sabemos que Maduro tiene entre ceja y ceja acabar con los municipios, una de las razones de la constituyente es instaurar el modelo comunal eliminando el derecho de los ciudadanos de elegir a sus alcaldes de manera directa, secreta y universal”.
Por último, resaltó que a pesar de la persecución “hoy vemos como alcaldes como David Smolansky a pesar de la arremetida han tenido una posición firme en contra de la dictadura y en defensa de la democracia y la autonomía de los municipios y sin dejar atrás la gestión disminuyendo la cifra de secuestros y delincuencia mientras el gobierno nacional tiene como política de Estado armar a los grupos violentos”.