Un fiscal pidió este jueves citar a declaración indagatoria a la expresidenta argentina Cristina Fernández por la causa que investiga una presunta trama de lavado de dinero encabezada supuestamente por el empresario Lázaro Báez, adjudicatario de obra pública durante el kirchnerismo (2003-2015), reseñó EFE.
El fiscal federal Guillermo Marijuán considera que Fernández “no puede negar los numerosos vínculos” con “la sociedad delictual” de Báez, detenido preventivamente por coordinar supuestas maniobras ilegales para sacar del país sumas millonarias de dinero a través de una financiera, según informó la agencia oficial Télam.
Según el juez que lleva esa causa, Sebastián Casanello, el empresario empleó estos mecanismos fraudulentos para lavar dinero proveniente de sobreprecios por contratos de obra pública con el Estado que fueron adjudicados a las empresas de Báez, quien se presentó a declarar el pasado 6 de junio.
Para el fiscal, las operaciones del empresario tuvieron “el amparo del poder”, por lo que la expresidenta (2007-2105), “por su vínculo con el nombrado”, debe dar explicaciones ante el juez y “prestar declaración indagatoria”.
“Su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquél -como se ha probado en las causas que tramitan en el fuero y se han explicado-, sino que también debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras”, opinó el procurador, de acuerdo con la información de Télam.
Además, asegura que la asociación entre Báez y la ex jefa de Estado tuvo el “fin primigenio” del “vaciamiento de las arcas del Estado nacional mediante la defraudación orquestada a través de la asignación irregular de obra pública en favor de Lázaro Antonio Báez y su grupo empresario”.
Casanello debe decidir si acepta la petición de incluir a la exmandataria en la investigación, en la que además resolverá esta semana la situación procesal de 27 imputados, entre ellos los hijos de Báez -Leandro, Luciana y Melina-, después de una ronda de interrogatorios que llevó a cabo en los últimos días.
Báez, detenido en abril de 2016, fue el principal adjudicatario de obras públicas en la sureña provincia argentina de Santa Cruz y estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) durante su etapa como gobernador de esa provincia.
El caso se inició en 2013, aunque dio un giro en marzo de 2016 cuando un canal de televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en el acomodado barrio porteño de Puerto Madero.
Las imágenes precipitaron la detención del empresario, que fue procesado poco después junto a su hijo Martín y otros presuntos implicados en la trama.
Marijuán ya pidió en abril del año pasado investigar a Fernández, pero hasta el momento el juez Casanello no ha seguido esa línea de investigación.
Además, el 31 de mayo, una sala de la Cámara Federal porteña admitió un recurso de la Unidad de Información Financiera (UIF) que cuestionaba la decisión del juez de no haber citado a declarar hasta ese momento a Fernández y al exministro de Planificación Federal Julio De Vido (2003-2015), entre otros.
El tribunal le pidió a Casanello que los investigue y que todas las pesquisas relacionadas con la trama de lavado de dinero de Báez se integren en una sola causa.