La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) formalizó, este viernes 16 de junio de 2017, un pronunciamiento sobre la situación nacional, mediante un documento dirigido al sector universitario nacional, al País y a la comunidad internacional.
En el escrito Fapuv solicita a la Asamblea Nacional la convocatoria de un Referendo Consultivo, de conformidad con el Art 71 de la CRBV, para que se manifieste libremente la soberanía popular y decida sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y sobre sus bases comiciales.
Documento completo:
La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) rechaza: el vil asesinato de ciudadanos inocentes por parte de los cuerpos represivos del gobierno y de “colectivos” paramilitares; la tortura a ciudadanos por ejercer el derecho a la protesta; el allanamiento de Universidades y edificios residenciales; y la conducta anticonstitucional del Ejecutivo nacional, el CNE, el TSJ y la Fuerza Armada Nacional (FAN) contra el pueblo venezolano.
Hoy, Venezuela sufre una grave crisis humanitaria que al gobierno no le importa, caracterizada por la grave escasez de alimentos y de medicinas, y por la brutal devaluación de la moneda y de los salarios, situación ésta que imposibilita que la ciudadanía pueda vivir de su trabajo.
Ningún salario alcanza hoy para cubrir el alza galopante y permanente de los precios con que el gobierno engorda sus arcas a través del cobro del IVA, mientras la población se sumerge en la miseria y la desesperación ante las dificultades para conseguir alimentos y medicinas esenciales, y la imposibilidad de pagar los bienes que se exhiben en los anaqueles a precios dolarizados. Eso explica que nuestros agremiados, consultados al respecto, nos dijeran, en un 96%, que la solución a nuestros problemas pasa por un cambio político en el país.
Los únicos resultados que exhibe hoy la gestión gubernamental son el HAMBRE GENERALIZADA y la RUPTURA DEL HILO CONSTITUCIONAL. Es por eso que desde el 01 de abril de 2017, la sociedad venezolana viene protagonizando un ciclo de protesta. Pero las justas y urgentes demandas de la población han sido respondidas por el Ejecutivo nacional con violaciones, cada día más graves, al derecho a la protesta pacífica y a los derechos humanos.
Comparten la responsabilidad de esta cruenta represión, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) que en octubre de 2016 decidieron suspender el derecho constitucional al Referendo Revocatorio; que en diciembre de 2016 suspendieron las elecciones regionales, y que en mayo de 2017 anunciaron la apertura del proceso de postulaciones de candidatos para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada por el Presidente de la República mediante el Decreto N° 2.830, sin haber consultado al depositario del Poder Constituyente Originario, que es el pueblo venezolano, en relación con la convocatoria y con las bases comiciales de dicha ANC.
Son también responsables de esta violación continuada de los derechos humanos de los venezolanos, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que desde que se instaló la Asamblea Nacional (AN), electa por millones de venezolanos, han pretendido impedir que ella ejerza, con plena autonomía, sus funciones; que en marzo de 2017 rompieron el Hilo Constitucional al despojar de su inmunidad a los parlamentarios y sentenciar que las competencias parlamentarias serían ejercidas directamente por ellos o por el órgano que ellos dispusieran, desconociendo la soberanía popular; y que ahora pretenden darle piso jurídico a la usurpación del Poder Constituyente Originario del Pueblo de Venezuela, al afirmar que el Presidente de la República ejerce “indirectamente y por vía de representación la soberanía popular”, y dictaminar que el referendo consultivo sobre la convocatoria de la ANC y sus bases comiciales no es constitucionalmente obligante.
El pueblo venezolano lleva más de dos meses clamando por elecciones libres, por democracia y por respeto a la Constitución vigente (CRBV) en respuesta a las actuaciones anticonstitucionales del gobierno nacional, el CNE y el TSJ. La convocatoria fraudulenta a la ANC solo ha servido para agudizar el descontento e intensificar la movilización ciudadana, pues con esa Constituyente, se estarían derogando los derechos humanos, económicos, políticos, sociales y ambientales consagrados en la CRBV y se estaría cerrando la salida pacífica electoral a la grave crisis que vive la Nación.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 1.791 manifestaciones en todo el país desde el 1° de abril hasta el 31 de mayo de 2017, lo que equivale a 30 protestas diarias. En el mes de junio, la acción colectiva se ha intensificado. Las acciones de calle se han extendido en todo el territorio nacional, con asistencia masiva de manifestantes de los diversos sectores socioeconómicos, de día y de noche, de manera sostenida, pacífica y apegada al Estado de Derecho, con demandas de elecciones y de solución a los graves problemas económicos y sociales, y con evidente repercusión en la esfera internacional.
Pero el clamor del pueblo venezolano, en vez de ser atendido con justicia por el gobierno nacional, fue respondido con la activación del Plan Zamora, el pasado 18 de abril de 2017, y con el endurecimiento de la represión mediante la activación del Plan Zamora en una segunda fase, el 17 de mayo de 2017, facultando a los grupos paramilitares autodenominados “colectivos” a actuar en el control del orden público. El saldo de la violencia y represión gubernamental contra el pueblo es, de acuerdo con las cifras del OVCS, entre el 06-05-2017 y el 13-06-2016, de 88 fallecidos, distribuidos en 11 estados del país; detenciones al margen de la Ley; civiles juzgados por tribunales militares; miles de heridos; allanamientos ilegales de universidades y de edificios residenciales con excesiva violencia; tortura, maltratos y atracos a los manifestantes.
La represión ha llegado a tal extremo que, tal y como lo ha denunciado el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ahora reprimen con bombas lacrimógenas y disparos a los ciudadanos en los puntos de convocatoria de concentraciones, antes de que éstas se produzcan, violando no solo el derecho a la protesta pacífica sino también el derecho al libre tránsito. Así mismo, incrementan los allanamientos ilegales, masivos y selectivos, sin orden judicial; siembran presuntas armas y materiales explosivos, e intensifican las operaciones de terrorismo de Estado, en combinación con organismos de inteligencia y el Ministerio de Información para infundir temor entre la población.
En consecuencia:
Exigimos castigo a los culpables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y justicia para las víctimas de violación de los derechos humanos.
Reivindicamos la vigencia de la CRBV.
Exigimos que se suspenda la ejecución del plan Zamora y el procesamiento de civiles en tribunales militares.
Exigimos a los poderes constituidos acatamiento estricto al artículo 68 de la CRBV que establece el derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, como lo viene haciendo el pueblo de Venezuela.
Exigimos la libertad plena de todos los venezolanos presos de conciencia, perseguidos, exiliados inhabilitados y sometidos a régimen de presentación.
Solicitamos a la Asamblea Nacional la convocatoria de un Referendo Consultivo, de conformidad con el Art 71 de la CRBV, para que se manifieste libremente la soberanía popular y decida sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y sobre sus bases comiciales.
Exigimos la restitución del Hilo Constitucional y la Democracia en Venezuela.
Invitamos a nuestros agremiados y al pueblo venezolano en general, a sumarse masivamente a toda iniciativa política, constitucional y pacífica que conduzca a la preservación de la Constitución Nacional vigente y a la solución de la crisis política, económica y social que hoy vive la Nación.
vigente y a la solución de la crisis política, económica y social que hoy vive la Nación.
Ratificamos nuestro compromiso con la lucha del pueblo venezolano por su libertad.
JUNTA DIRECTIVA