Brasil no responde a una de las más graves crisis de migraciones forzadas en décadas.
Por Maria Beatriz Nogueira y Maiara Folly del Instituto Igarapé en The Guardian (Inglaterra) | Traducción libre del inglés por lapatilla.com
El torbellino económico y político en la vecina Venezuela ha obligado a miles de personas a huir a Brasil en busca de alimentos, medicinas y supervivencia básica. Según la policía de fronteras de Brasil, más de 77.000 venezolanos llegaron a Brasil entre 2015 y 2016. Aunque la mayoría está ansiosa por regresar a Venezuela, muchos buscan asilo. Ya hay 8,231 venezolanos que han reclamado oficialmente asilo en 2017 y otros 5,000 que esperan una cita. Aproximadamente 150 nuevas peticiones se reciben cada día.
La situación para los recién llegados es grave. Viven en las calles y en refugios improvisados. Muchas personas han contraído enfermedades asociadas con las malas condiciones de vida y dependen de hospitales excesivamente abarrotados y con escaso personal. Human Rights Watch informa que en 2016 se diagnosticaron casi 2.000 inmigrantes con malaria. El número de mujeres venezolanas que busca atención de maternidad también se ha disparado, al igual que reportes de secuestro, violación y tráfico para la explotación sexual.
La respuesta de emergencia ha sido escasa. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha aumentado su presencia en la frontera y está trabajando con el gobierno federal brasileño para elaborar un plan de emergencia. Pero ante el rápido deterioro de las condiciones en Venezuela, el plan de contingencia está peligrosamente lejos de ser efectivo. Por su parte, las autoridades estatales y municipales se muestran reticentes a involucrarse plenamente. Muchos funcionarios temen que la asistencia a los migrantes sea una responsabilidad electoral. Un alcalde llegó a sugerir que Brasil debía cerrar su frontera con Venezuela para evitar nuevos mifrantes.
Para empeorar las cosas, no parece haber una estrategia a largo plazo para anticipar situaciones de migración masiva en el futuro. En su lugar, los refugiados se quedan a cargo de un pequeño grupo de organizaciones benéficas y organizaciones no gubernamentales que prestan apoyo cuando pueden.
A menos que Brasil revise y se replantee significativamente sus sistemas de migración y asilo a la nueva realidad de la creciente movilidad humana, el país estará en modo de respuesta de emergencia permanente. Esto no es sólo una cuestión de moralidad, ética y de “hacer lo correcto”. Existen claras implicaciones legales y operacionales de la pasividad de Brasil.
A pesar de tener una larga reputación como un país “acogedor”, Brasil nunca ha tenido una institución federal dedicada exclusivamente a la migración. Como resultado, las habilidades y los recursos están dispersos en diferentes ministerios. Asombrosamente, el sistema nacional de asilo no ha tenido cambios estructurales desde 1997, período en que Brasil no recibió más de 500 solicitudes de asilo al año. Por el momento, hay seis trabajadores de casos que asisten a un Comité Nacional que se reúne sólo una vez al mes para procesar más de 15.000 nuevas solicitudes cada año. No es sorprendente que haya una acumulación de por lo menos 25.000 casos de asilo.
Particularmente preocupante es el hecho de que Brasil no tiene un sistema digital para rastrear a sus migrantes y refugiados. Nadie sabe cuántos solicitantes de asilo y refugiados hay en Brasil. No hay información centralizada sobre sus nacionalidades, edad o género, y mucho menos sus necesidades básicas de protección y apoyo. Si Brasil desea actualizar su sistema en el siglo XXI, necesita por lo menos un sistema unificado de gestión de datos. La información debe ser recolectada en los puntos de entrada y salida, procesada a nivel federal y luego utilizada para impulsar políticas públicas informadas.
La ley restrictiva de migración de Brasil fue actualizada el mes pasado. A pesar de una terrible crisis política y económica, un puñado de políticos brasileños ilustrados propusieron una nueva legislación enfocada en proteger y preservar los derechos de los migrantes. Lamentablemente, no todas son buenas noticias. 20 vetos presidenciales introducidos en las últimas semanas han disminuido enormemente el poder de la nueva ley. la tan esperada amnistía para los migrantes en situación irregular, una práctica adoptada por las administraciones brasileñas desde la década de 1980, fue uno de los mayores inconvenientes del proyecto de ley. Es más, se ha puesto claramente de manifiesto que el gobierno ni siquiera está dispuesto a implementar la nueva ley en términos de procedimiento y política.
Brasil debe crear una nueva institución para manejar la migración. Esto es esencial para coordinar la respuesta del gobierno a los refugiados. Igualmente importante es el despliegue de una presencia semipermanente en las principales zonas fronterizas y en los principales centros urbanos para prestar asistencia a quienes más lo necesitan. En un país de tamaño continental, como Brasil, el procesamiento de asilo y la asistencia a los refugiados no pueden limitarse a dos o tres ciudades principales, como es actualmente el caso. Los Estados y los municipios deben estar incentivados para intensificar y trabajar de manera coordinada.
El país también debe cumplir su compromiso de desarrollar un nuevo programa de reasentamiento. Las iniciativas anteriores fueron totalmente financiadas por el ACNUR y ofrecieron comparativamente pocos lugares en comparación con el tamaño y el potencial de Brasil. En casi 15 años, no más de 800 refugiados fueron reasentados en el país. Con la disminución de la financiación internacional, Brasil no ha reasentado a un solo reclamante en 10 meses. Es crítico un programa ampliado, dirigido a grupos particularmente vulnerables y que involucre a todos los niveles de gobierno, empresas privadas, la sociedad civil y organizaciones internacionales, y podría servir de modelo para América Latina.
En un momento de creciente nacionalismo reaccionario, en el que se siguen construyendo muros fronterizos y vallas de seguridad para controlar la migración, es imprescindible que Brasil actualice su enfoque de la migración forzosa. Es necesario que coincida con la retórica de una política de puertas abiertas con mejoras reales en la institucionalización, la coordinación y la gestión de la protección de los refugiados y el reasentamiento. La crisis que afecta a sus vecinos venezolanos ofrece la oportunidad de realizar los cambios necesarios y honrar su tradición como defensor de los pobres y vulnerables.
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María Beatriz Nogueira y Maiara Folly son investigadores del Instituto Igarapé.