Kate del Castillo, la actriz relacionada con el capo de la droga Joaquín “el Chapo” Guzmán, denunció este jueves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno mexicano por haber “pisoteado” sus derechos en el caso relacionado con el narcotraficante, reseñó EFE.
A la entrada de la institución, en Washington, la actriz formalizó la queja por las supuestas filtraciones del Gobierno de México a los medios de comunicación sobre sus encuentros con el Chapo mientras era un prófugo de la justicia del país, lo que, según alegó, le provocó pérdidas de contratos y menos ofertas laborales.
“Venimos aquí a alzar una queja, muy larga, porque se han pisoteado mis derechos humanos y en México no se ha hecho nada (…) Ha habido un linchamiento a mi persona sin duda, no sé quién específicamente, pero del Gobierno en general, seguro”, dijo.
Del Castillo explicó que las supuestas filtraciones le han “afectado muchísimo” y que lleva un año y medio sin poder trabajar como le gustaría, al tiempo que se lamentó de que se ha dañado su reputación pública.
Por su parte, el abogado de la actriz, Federico Mery Sanson, junto con un segundo letrado y cargado con dos cajas llenas de documentados para demostrar la relación entre el Gobierno de México y las filtraciones, acusó al Ejecutivo mexicano de “haber violado los derechos humanos” de Kate del Castillo.
“El Gobierno mexicano legitimizó un acto ilegal. Entonces, como no tuvimos justicia en México, no venimos a buscar justicia aquí (a la CIDH) sino que venimos a restablecer un criterio en derechos humanos”, anunció.
El nombre de la actriz salió a relucir el 9 de enero pasado cuando la revista Rolling Stone publicó el relato que el actor estadounidense Sean Penn escribió del encuentro que sostuvo con el Chapo Guzmán en octubre de 2015 en el noroeste de México.
Según Penn, el encuentro fue propiciado por la actriz, a quien el narcotraficante había pedido que se encargara de llevar a cabo su película biográfica.
Desde entonces, la prensa mexicana ha publicado una serie de mensajes de texto intercambiados por teléfono celular entre Del Castillo, Guzmán y Andrés Granados, uno de los abogados del capo, e interceptados por los servicios de inteligencia del país.
Según el Gobierno, esos contactos contribuyeron a dar con el paradero del Chapo, capturado el pasado 8 de enero y recluido en la misma prisión de máxima seguridad de la que se escapó en julio de 2015 a través de un túnel de 1,5 kilómetros.