Los ataques recurrentes contra la población venezolana y los discursos incitando a la violencia por parte de las autoridades indican una política premeditada de represión violenta contra cualquier forma de disidencia, dijo hoy Amnistía Internacional tras un nuevo aumento de muertes durante manifestaciones, con al menos 91 casos registrados en tan solo tres meses.
“Lo que parecían ser reacciones aisladas por parte de las autoridades venezolanas enfrentando manifestaciones disidentes, en realidad son una estrategia planificada por parte del gobierno del Presidente Maduro de utilizar violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica,” dijo Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“El hecho de que quienes opinan diferente sean las únicas personas a quienes se tilda de ‘terroristas’, a quienes se les impide manifestarse y contra quienes se usa la violencia y la fuerza ilegítima es prueba de una estrategia para silenciar el creciente descontento social en Venezuela.”
“Si las autoridades no hacen un giro radical y no ponen fin a la represión violenta premeditada contra las personas que sean consideradas críticas al gobierno, seguirán acumulándose evidencias irrefutables para que los perpetradores y autoridades rindan cuentas ante la justicia penal internacional.”
Desde las protestas que empezaron el 4 de abril, fuentes oficiales citan al menos 91 personas muertas y más de 1.400 heridas en el contexto de la crisis política en Venezuela.
Asimismo, existen preocupaciones sobre un probable empeoramiento de la situación de cara a las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente que tendrán lugar el próximo 30 de julio en un contexto de alta conflictividad social.
Violencia Estatal
En los últimos 3 meses, Amnistía Internacional ha documentado que las fuerzas de seguridad del estado han reprimido con violencia las protestas críticas del gobierno. Un análisis de los hechos indica que estos actos de represión violenta no son solo una reacción descontrolada por parte de algunos agentes de seguridad, sino que son parte de una práctica premeditada de utilizar la violencia para impedir las voces críticas. La organización ha podido corroborar que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han empleado fuerza no letal de forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes disidentes.
Un ejemplo de esto es el caso de Juan Pernalete, quien murió después de recibir un impacto de bomba lacrimógena directamente al pecho mientras manifestaba en Caracas en abril 2017. Las fuerzas de seguridad también han utilizado armas de fuego para reprimir manifestaciones, resultando en muertes y personas heridas, como Fabián Urbina, quien murió el 20 de junio de 2017 después de que un funcionario de la Guardia Nacional le disparara directamente mientras protestaba en Caracas.
También se han documentado ataques contra comunidades y personas que no estaban participando en protestas, incluyendo irrupciones violentas masivas por parte de las fuerzas de seguridad con vehículos blindados y bombas lacrimógenas, causando destrozos de vehículos y viviendas y poniendo en riesgo las vidas de los residentes. Uno de los varios ejemplos de estos ataques proviene de La Isabelica, Carabobo, donde habitantes informaron que en mayo 2017, las fuerzas de seguridad allanaron la comunidad, disparando gas lacrimógeno directamente hacia casas y disparando al azar a transeúntes.
Según los casos documentados por Amnistía Internacional, estos tipos de uso de fuerza, prohibidos por el derecho internacional, han provenido de los cuerpos de seguridad en Caracas y de por lo menos los estados de Lara, Barinas, Carabobo, y Táchira, indicando que estas prácticas no se limitan a un sector del país, sino que tienen un carácter más generalizado.
Al mismo tiempo, los actos de violencia han sido específicamente dirigidos contra quienes son identificados por las autoridades como disidentes y contra manifestaciones críticas al gobierno. Por el contrario, las manifestaciones de apoyo al gobierno se desarrollan con normalidad y han sido garantizadas por las autoridades, evidenciando que los actos de violencia tienen como objetivo silenciar a la disidencia.
Además de los actos de violencia ilegal cometidos por las fuerzas de seguridad del estado, Amnistía Internacional tiene evidencia de varios casos de grupos civiles armados que han atacado a la población civil con la aquiescencia de las autoridades, lo cual también parece vincularse con una misma política estatal de violencia. Estos actos violentos se han dirigido contra las manifestaciones disidentes y también en contra de viviendas en varios estados del país, lo cual enfatiza el carácter generalizado de la estrategia de violencia. Existen pruebas de que los ataques por parte de estos grupos, denominados comúnmente como “colectivos armados”, se han producido en presencia de las fuerzas de seguridad y que estas no han actuado para proteger a la población. El más reciente incidente fue la violenta irrupción por colectivos armados a la Asamblea Nacional el 5 de julio de 2017, durante la cual las fuerzas de seguridad del estado no intervinieron mientras que los civiles armados atacaban a diputados presentes.
Creación de mecanismos estatales únicamente para represión violenta
A lo anterior se suma la creación e implementación de mecanismos e instancias del estado para llevar a cabo acciones de represión violenta contra la población. Así, el desarrollo de instancias destinadas exclusivamente a la persecución de manifestantes y presuntos disidentes, tal como la creación del “Comando Antiterrorista” y el aumento en la cantidad de armas e integrantes de la milicia bolivariana, parecen señalar una preparación calculada para la implementación de una política de represión violenta.
Discursos incitando a la violencia
Tanto el uso ilegítimo de la fuerza en todas sus dimensiones, como la implementación de mecanismos de persecución en contra de la población, se enmarcan en un discurso de incitación a la violencia que ha sido promovido y utilizado por el gobierno venezolano para legitimar la violencia como respuesta estándar a cualquier forma de disidencia. En especial, llamados de altos funcionarios a hacer uso de la fuerza, incluido el propio Presidente Nicolás Maduro, han sido dirigidos tanto a las fuerzas de seguridad del estado como a los grupos civiles afectos al gobierno, identificando a la disidencia como terroristas, enemigos y traidores a la patria.
Por lo tanto, estos tres elementos — el uso ilegítimo de la fuerza en contra de la población de forma recurrente, la creación de mecanismos dedicados a la represión violenta, y el discurso reiterado de incitación a la violencia por parte del gobierno — indican una política premeditada para neutralizar de forma violenta cualquier disidencia contra las acciones del gobierno.
“Venezuela atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos en su historia reciente. La escalada de violencia patrocinada por el gobierno, y las falta de propuestas de solución viable por parte del Estado para enfrentar las graves afectaciones que sufre la mayoría de la población, incluyendo el acceso a medios de subsistencia esenciales como los alimentos, las medicinas, y todo producto de primera necesidad están generando una crisis sin precedentes en todo el continente,” dijo Erika Guevara Rosas.
“Es fundamental que el gobierno atienda de manera prioritaria esta dramática situación que enfrentan diariamente miles de personas en el país, en lugar de instaurar un régimen de represión y violencia.”
Las autoridades que han promovido estos mecanismos y estrategias de represión violenta tienen que detener de inmediato su implementación, en especial ante la creciente conflictividad social de cara a las elecciones a la Asamblea Constituyente, convocadas para el 30 de julio de 2017.
Ante esto, la justicia penal internacional — tanto la Corte Penal Internacional, como aquellos países que cuentan con jurisdicción universal – estarán observando de cerca la situación venezolana. Si los altos mandos gubernamentales, militares, y policiales no eliminan los mecanismos que apuntan a una política estatal de violencia en contra de la población, y no ponen fin a la promoción de la violencia en sus discursos y sus órdenes oficiales, podrán ser llevados ante la justicia penal internacional.
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