En los últimos años, la fuerza pública de Venezuela ha tomado activos de decenas de multinacionales acatando las órdenes del fallecido Hugo Chávez y del actual presidente Nicolás Maduro, reseña Reuters.
Pero el hombre detrás del embargo de la planta de General Motors (GM) en el país, valuada en 100 millones de dólares, es una persona mucho menos conocida: Kaled Kansao, un venezolano dueño de dos concesionarios de GM donde no se venden autos hace más de una década.
En abril, tras una batalla judicial de 17 años, Kansao convenció a un tribunal para que confiscara la planta, en un ejemplo más de la dificultad de las firmas extranjeras para mantener sus operaciones a flote en medio del caos económico y político del país petrolero.
Y esta incautación se destaca porque proviene de una disputa entre ciudadanos particulares, sin intervención del Gobierno, agregando otro riesgo al ambiente de negocios en Venezuela.
“Es imposible decir que el proceso legal contra General Motors tuvo una lógica jurídica o una justificación basada en análisis objetivo”, dijo Francisco Martínez, presidente de la principal organización empresarial del país, Fedecámaras.
“Venezuela no ofrece ni las mínimas garantías en cuanto a inversiones o propiedad privada”, agregó.
El Ministerio de Información de Venezuela no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.
Venezuela ocupó el puesto 187 de un total de 190 países en el índice de facilidad para hacer negocios 2017 del Banco Mundial, que evalúa los sistemas regulatorios de los países. Sólo Eritrea, Libia y Somalia anotaron peores resultados.
PESADILLA JUDICIAL
Durante el mandato de Chávez, entre 1999 y 2013, algunas nacionalizaciones se dieron con soldados armados y en transmisiones televisadas en vivo.
El caso de GM fue menos publicitado e incluyó un duelo de acusaciones de corrupción en los tribunales, recusaciones por parte de jueces citando preocupaciones de seguridad y una disputa sobre 158 vehículos que GM dice “desaparecieron”.
La empresa, que antes del 2009 estuvo al frente de la producción mundial de carros, detuvo su fabricación en Venezuela en el 2015 y el juicio parece haber sumergido cualquier esperanza de retomarla pronto luego de que cesara su relación laboral con 2.700 trabajadores tras la decisión judicial.
En su anuncio inicial en abril, GM no relacionó el embargo de la planta a la demanda de los concesionarios, se limitó a decir que fue “sorpresivamente tomada por autoridades públicas”.
En respuesta a preguntas hechas por Reuters, la compañía proporcionó un historial detallado de su frustraciones con los procedimientos, calificándolos de “absurdos” y llenos de “irregularidades”.
Al final, un tribunal civil en el estado occidental de Zulia aprobó la solicitud de los concesionarios de embargar activos de General Motors Venezuela por un monto que en ese momento equivalía 115 millones de dólares.
La ley venezolana ahora requiere que el tribunal subaste la fábrica para satisfacer la sentencia.
Mientras tanto, ordenó a GM pagar a los concesionarios el equivalente a unos 36.000 dólares al mes como una “cuota de ocupación” -en efecto, el alquiler de su propia planta-.
“La incautación ilegal e indignante fue el acto final de una serie de desafortunados eventos que están fuera del control de GMV”, dijo GM a Reuters, refiriéndose a su filial en Venezuela.
GM no respondió a preguntas sobre si tenía alguna intención de pagar las sentencias judiciales o buscaba recuperar el control de la fábrica.
En un comunicado en mayo, Kansao y su socia, Elena Rodríguez, acusaron a GM de perjurio, tráfico de influencia y violación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de Estados Unidos, sin ofrecer evidencia.
GM ha ignorado las sentencias judiciales porque cree que “el poder da la razón”, dijo Kansao a Reuters.
TRABAJADORES INACTIVOS COBRANDO SALARIOS
En el año 2000, Kansao y Rodríguez manejaban dos concesionarios de GM originalmente fundados por el padre de Kansao. En una entrevista, Kansao dijo que GM lo despojó arbitrariamente de su franquicia, una medida que calificó una “tragedia y calamidad” para su familia.
GM dijo que cortó la relación por una serie de razones, como porque los concesionarios no conseguían cumplir con la cuota mínima de vender 25 vehículos al mes en promedio.
Las constantes dificultades para adquirir divisas en un país con control de cambios han obstaculizado la importación de piezas de autos, mientras que la inflación de tres dígitos ha alejado a los potenciales clientes.
El año pasado, la producción de las siete automotrices más grandes de Venezuela cayó por debajo de los 3.000 autos, frente a un máximo de 172.000 vehículos en 2007, según cifras de la cámara de la industria automotriz, Cavenez.
Las leyes laborales dictaminan que los distribuidores también tendrán que esperar en fila detrás de los trabajadores de GM -que afirman que se les deben pagos de cesantía-, para cobrar lo que genere la subasta de la planta.
GM no respondió a las preguntas con respecto a la indemnización de los trabajadores.
A solicitud del sindicato de la planta, la automotriz continuó pagando salarios a pesar de que dejó de ensamblar autos en el 2015, dijo Adán Tortolero, uno de los varios líderes sindicales de la ensambladora en desuso.
El año pasado, GM ofreció pagar compensaciones de alrededor de 3.500 dólares por trabajador, dijo Tortolero, agregando que los trabajadores rechazaron la oferta porque palidecía en comparación con lo que cobraban antes.
Un beneficio en particular resultaba muy lucrativo: el derecho a comprar hasta dos automóviles de fábrica al año con precios regulados, muy por debajo de su valor real de mercado.
COMPENSACIÓN EN AUMENTO
En el 2007, el tribunal de Zulia ordenó a la ensambladora compensar a los demandantes con 9.725 vehículos en consignación, según la decisión, que no ofreció ninguna explicación del porqué.
La decisión estipulaba que los demandantes pagarían a GM por los vehículos, pero sólo después de que fueran vendidos.
Cuando se le solicitó evidencia que sustentara que el proceso había sido corrompido, GM señaló que seis jueces y dos empleados de la corte se habían recusado a sí mismos, la mayoría alegando “amenazas y preocupación por seguridad personal”.
También dijo que la corte no hizo cumplir una orden que impedía a los concesionarios vender 158 carros incautados durante la disputa. GM dijo que esos vehículos “desaparecieron”, y los concesionarios nunca los pagaron.
Kansao y Rodríguez no respondieron a las preguntas sobre los 158 autos.
El caso brincó por diferentes tribunales durante la toda la siguiente década, hasta el 4 de abril de este año, cuando el tribunal en Zulia autorizó a los demandantes a que embargaran activos de GM por hasta unos 477.000 millones de bolívares (unos 115 millones de dólares al tipo de cambio oficial esa fecha), en compensación por los autos que nunca recibieron.
La juez Adriana Marcano agregó que los concesionarios podrían embargar dinero por la mitad de este monto.
El tribunal basó la compensación en el valor total de los 9.725 coches, en lugar de ganancia que los concesionarios habrían hecho vendiéndolos y que sería mucho menor a ese monto, dijo GM.
Pero la victoria legal puede tener poco beneficio en la realidad, y las pérdidas de GM pueden ser en gran parte simbólicas, dado que no ha producido o vendido automóviles en Venezuela en los últimos dos años.
Cuando se le preguntó qué tipo de comprador podría atraer la fábrica en la subasta del Gobierno, Kansao respondió: “Sólo Dios sabe eso”.
Por Brian Ellsworth/Reuters