Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, aseguró este miércoles que no le teme a las amenazas que ha recibido desde el alto Gobierno, por lo que continuará en sus labores aunque sea destituida.
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“Si me van a destituir que lo hagan. Con tantas amenazas a mi familia y a mi persona eso no me va a hacer desistir a que siga defendiendo a los ciudadanos. Las amenazas no me importan, tengo un compromiso con el país”, recalcó la Fiscal General durante una entrevista que le realizaran en el canal Venevisión.
Reiteró que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) un recurso de protección para el Ministerio Público. “Hice una solicitud de protección porque primero es la institución. No se puede descalificar al organismo. Hay que preservarla. Funcionarios del Ministerio Público fueron agredidos físicamente por los grupos violentos armados a su salida de las labores y eso no lo puedo permitir”.
En cuanto a las denuncias que ha recibido por parte de la Contraloría General de la República expresó que “lo que ha hecho es un hecho inédito contra el Ministerio Público. Ellos se están inventando un procedimiento para aplicarlo al a la institución. Hay un ataque directo contra el organismo que dirijo y estoy obligada a proteger a los ciudadanos y los trabajadores”.
“Así lo indica el artículo 145 de la Constitución Nacional: ‘Los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna'”, agregó.
Aseguró que “el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicta un disparate jurídico para evitar la acción penal del Ministerio Público, por lo que designaron a una vicefiscal al margen de la ley. Con la prueba del polígrafo pretenden distraer al país sobre los magistrados que fueron designados ilegalmente en el 2015. El TSJ se ha convertido en un órgano investigador, lo que es una absoluta anarquía”.
Ortega Díaz adelantó que en el Ministerio Público “hemos recibido denuncias de personas que han sido obligadas a firmar porque las amenazan con quitarles beneficios del gobierno”.
Ante las denuncias de golpizas a los 14 PoliChacao y al diputado Wilmer Azuaje, detenidos en la sede del Servicio Bolivariana de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicado en El Helicoide, la Fiscal reiteró que “desconozco por qué los 14 policías de Chacao están detenidos, si poseen orden de excarcelación. Desde agosto de 2016 el Ministerio Público les solicitó una medida cautelar de presentación (…) No hemos podido verificar el estado de salud del diputado Wilmer Azuaje. Le hemos solicitado información a los tribunales militares y ordinarios y no hemos tenido acceso. Wilmer Azuaje tiene inmunidad parlamentaria y debió permanecer detenido en su casa, pero esto no ha sido así”.
Al ser consultada por la elección de una Asamblea Nacional Constituyente para el país expresó: “Dios no lo permita y no se aplique la ANC. Soy amante de la paz, del entendimiento, del diálogo. No quisiera más enfrentamientos, pero sí que nos podamos reencontrar, porque este es un país donde se amenaza a la gente”.