Realizar una negociación para iniciar el retorno a la constitucionalidad es lo más conveniente para el país. Aunque todos los actores proclaman que la quieren, el gobierno ha avanzado consistentemente en una dirección contraria. Ya en dos ocasiones anteriores ha solicitado diálogos para ganar tiempo, distraer y reforzar su hegemonía.
La primera constante en conflictos desbordados, con manifestaciones de polarización generalizada, es que la emocionalidad entra en cortocircuito con la racionalidad. Eso ha permitido que también entre nosotros prenda un pensamiento extremista que veta negociar y prefiere impulsivamente el enfrentamiento total sin contar con las condiciones que vislumbren el triunfo.
La mayoría del pueblo venezolano ha protagonizado activamente o apoyado una extraordinaria y sostenida insubordinación cívica para demostrarle al grupo dominante que no puede seguir el modelo que ha intentado imponer ni imponer su poder contra la Constitución Nacional. En esas jornadas pacíficas, con una duración sin precedentes en las protestas del planeta, ha muerto una centena de jóvenes que enlutan a la sociedad y la llenan de rabia. El deber del cuerpo dirigente es impedir que esos sentimientos naturales no nublen la inteligencia y recrear formas de lucha que reduzcan ese sacrificio.
Partiendo, sin una exhaustiva constatación, de que el gobierno es débil surge la tentación maximalista del todo ahora que presiona a desviarse de la causa constitucional y democrática, alienta la ilusión de que todo está listo para amarrar los caballos en Miraflores y nos conduce a conductas extremistas, de desprecio a la negociación o exigencia de capitulaciones, que nos restan eficacia de logros y pueden llevarnos a resultados indeseables. El extremismo no piensa en país, sino en facciones y ficciones.
En la nueva fase de lucha que va a comenzar después del 30j debemos insistir y cuidar más aun que prefiguremos en nuestros medios de lucha los valores de la causa democrática. Sería un grave y costoso error bajarnos de la estrategia pacífica, constitucional, democrática y electoral.
La constituyente es una amenaza que hay que aprender a desactivar con ciudadanía movilizada, con una redefinición de la calle, con mucha labor de organización a diversas escalas, con un esfuerzo para ampliar la alianza por el cambio y la suficiente osadía para evitar, con prudencia, que el movimiento se agote si Maduro logra retardar el escenario electoral un poco más.
La Constituyente puede convertirse en una herramienta para liquidar lo que aún queda de democracia, de mercado, de derechos sociales y de libertad en nuestro país. La cúpula puede aplicar sin desenfreno un despotismo totalitario para imponer su Estado paralelo contra los preceptos constitucionales, liberales e incluso del socialismo democrático.
Si Maduro quisiera efectivamente negociar pudiera cancelar la ANC. Pero su plan ha sido controlar todo el Estado y suprimir toda disidencia a costa de imponer hambre, represión y más dominio totalitario sobre la sociedad. No sería extraño, en este país de incertidumbres, que toda esa violencia constituyente se vuelva también una terrible amenaza contra él.
@garciasim