Los ciudadanos se atrincheran en las calles para expresar su protesta contra el «fraude constituyente» con el que el presidente busca imponer mañana un régimen despótico, publica ABC de España.
Por CARMEN DE CARLOS – CarmenDeCarlos
El vértigo de los acontecimientos en Venezuela, con 112 muertos en 119 días, llevó a la oposición a reformular su estrategia de presión contra el régimen de Nicolás Maduro y en especial contra la convocatoria de elecciones a una Asamblea Constituyente prevista para mañana. Tres días consecutivos de «trancazo» (corte de calles con barricadas) fue, finalmente, la opción que puso en marcha ayer la MUD (Mesa de Unidad Democrática) bajo la consigna emblemática de «La toma de Venezuela».
«Tomar todas las calles y vías principales hasta restaurar la democracia», ese era el objetivo, según el diputado Jorge Millán. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, lo dice de otro modo: «Es una jornada intensa que no finaliza… Será continua de calle y protesta viernes, sábado y domingo para que el pueblo le deje claro al mundo que ese fraude constituyente no tiene ningún tipo de legitimidad y que ese proceso es absolutamente fraudulento».
La amenaza de Nicolás Maduro de juzgar a manifestantes con tribunales -civiles y militares- y penas de prisión de cinco a diez años, no cayó en saco roto. La iniciativa original de protagonizar una marcha, que fuera la madre de las manifestaciones, se transformó con el correr de las horas en una estrategia más sutil o prudente, depende de quien hable. El mensaje para la población, en definitiva, fue: hay que atrincherarse con barricadas en todo el país, pero hacerlo cerca de sus viviendas.
Esquinazo a los «colectivos»
El cambio de táctica apunta a tener oportunidad de salir corriendo y evitar detenciones de la Policía o la Guardia Nacional Bolivariana (cuerpo militarizado). También sirve para dar esquinazo a los «colectivos» (bandas de paramilitares) que hacen sus rondas mañana, tarde y noche en busca de presas y, si pueden, un botín jugoso.
El cambio de estrategia fue recibido de forma diferente por la ciudadanía. Entre los sectores duros se interpretó como un paso atrás que da oxígeno al régimen en vísperas de que se consume la Constituyente, como quiere Maduro. En la otra orilla de pensamiento se alinearon los que están convencidos de que esta medida es pragmatismo puro y terminará arrojando resultados. «Da coartada a los funcionarios que no quieren votar el domingo. Siempre tendrán la excusa de que las trancas (barreras) vecinales les impidieron llegar», comenta Evelyn, vecina de la parte norte de la ciudad y más inclinada a esta opción. Dicho esto, añade: «Llevamos demasiados muertos seguidos. En los dos días de huelga general mataron a ocho personas, las detenciones no cesan y los heridos se multiplican». Según la ONG Foro Penal Venezolano, desde el 1 de abril, fecha de inicio de las movilizaciones, han sido detenidas más de 4.500 personas por agentes de la Policía, la Guardia Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). De estas, unas 1.200 siguen recluidas. La media de arresto por día, de acuerdo con estos cálculos, viene a ser de 400 venezolanos, en su mayoría estudiantes.
«La toma de Venezuela» pone en una situación delicada a los comercios. Sus pérdidas por echar el cierre el miércoles y el jueves, al sumarse a la huelga general, no sólo son económicas. Las represalias del chavismo pueden producirse en cualquier momento y el precio a pagar les puede salir bastante más caro que un reproche.
El 90% secundó la huelga
El éxito del paro, pese a las versiones en sentido contrario del régimen, lo resumió Guevara con estimaciones propias: «El promedio en el cumplimiento fue del 90 por ciento en los 24 estados de Venezuela… Hacer un paro en esta crisis es un gran sacrificio… Los comerciantes han dado muestra de profundo valor y compromiso patrio», reconoció.
La Iglesia venezolana, atenta a la evolución de los acontecimientos, no se lava las manos. La Comisión organizadora de la Asamblea Nacional Constituyente buscó el apoyo de monseñor Diego Padrón en una reunión, pero no lo logró. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana le leyó un comunicado donde reiteró que la convocatoria es «innecesaria» e «inconveniente». En esa línea de censura, añadió que «lo que necesita y reclama el pueblo, en primer lugar, es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas».
En otro punto advirtió de que «la eventual instalación de una Asamblea Constituyente suprimiría de facto el ejercicio de la Asamblea Nacional», que «fue elegida por una abrumadora mayoría nacional en elecciones universales, directas y secretas». Por último, monseñor Padrón les recordó que si es verdad que lo que pretende el Gobierno es «diálogo y paz», lo que tendría que hacer es «la consulta al pueblo sobre si quiere o no esta propuesta presidencial» de Asamblea Constituyente. Para despejar cualquier interpretación aviesa, aclaró que hablaba, en concreto, de realizar «una consulta universal, con voto directo y secreto, tal y como lo prevé la Constitución Nacional».