Para exigir que se investiguen a profundidad las denuncias sobre irregularidades en la elección de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), realizada el domingo 30 de julio, los parlamentarios de la Asamblea Nacional (AN) entregaron un documento en la sede del Ministerio Público, en Caracas.
Nota de Prensa
Freddy Valera, integrante de la comisión conformada en el ente legislativo a raíz de las denuncias hechas por representantes de la empresa Smartmatic, considera que sobran las razones para que la Fiscalía inicie una averiguación profunda, que permita a los venezolanos conocer la verdad sobre la elección de los constituyentistas.
Recuerda que la comisión creada por el parlamento también está haciendo sus averiguaciones, pero las acciones penales que correspondan a este caso son responsabilidad del Ministerio Público, al que piden la mayor celeridad posible.
“Una vez se tengan los resultados de estas averiguaciones deben hacerse públicos, para que todos los ciudadanos sepan lo que pasó ese día y quienes son los responsables”.
Que sean responsables
Agrega que las denuncias hechas por las autoridades de Smartmatic son sumamente graves porque ponen en tela de juicio la credibilidad de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), y de las rectoras que apoyaron este proceso.
“Después de unos señalamientos tan delicados la señora Tibisay Lucena no puede salir ante el país simplemente a lanzar acusaciones, justificarse y tratar de victimizarse, tiene que permitir que se realice una averiguación completa, que revele la verdad a todos los venezolanos”.
El líder opositor del estado Bolívar recalca que por denuncias mucho menos graves y con menor cantidad de pruebas se suspendió a los legisladores que resultaron electos por el estado Amazonas en diciembre de 2015, por lo que al CNE y el Tribunal Supremo de Justicia deben pronunciarse, dejar de actuar según las líneas del Psuv y suspender la instalación de la ANC.
Todos deben responder
El diputado de Acción Democrática acota que todos los involucrados en este proceso deben responder ante las autoridades, porque se encuentran bajo sospechas de crímenes sumamente graves.
“No es solo Smartmatic, las redes sociales están llenas de denuncias de ciudadanos a los que los amenazaron con despedirlos si no acudían a votar, o personas que revelaban como los recursos del Estado se usaban para fines electorales, lo que también representa un delito”.
Considera que los militares deben mostrar su posición con respecto a esta denuncia, y permitir que se establezca si estaban o no al tanto de las irregularidades denunciadas por ciudadanos e instituciones desde el mismo domingo 30 de julio.