“El anuncio de Acción Democrática de participar en las próximas elecciones regionales convocadas por un CNE autor del fraude electoral denunciado por Smartmatic, es un dañino despropósito que afecta gravemente a la lucha de la resistencia democrática contra la dictadura”, sostuvo el exembajador Julio César Moreno León.
Nota de prensa
Sostuvo que en momentos en que el Consejo Nacional Electoral es acusado, con datos técnicos irrefutables como autor del más gigantesco fraude electoral de nuestra historia, la decisión unilateral de AD de participar en las elecciones regionales que convoca el ente oficialista presidido por Tibisay Lucena distorsiona terriblemente los objetivos unitarios trazados hasta ahora por la resistencia democrática.
Ante esta delicada situación considera necesario señalar que la MUD corre el peligro de resquebrajar definitivamente su credibilidad ante el país y ante los pueblos y gobiernos del mundo que se han solidarizado con la lucha democrática venezolana.
Para Moreno, la MUD está obligada a desmentir oficialmente, y con hechos, las insistentes especulaciones según las cuales hay acuerdos tras bastidores para frenar las luchas de calle, pactando negociaciones con un gobierno que de manera irreversible ha sido desahuciado por los venezolanos y por la opinión pública mundial.
Asimismo piensa que debe descartar la MUD, de manera categórica, su participación en cualquier votación bajo el actual Consejo Nacional Electoral, pues sólo una ceguera política y una inconsecuencia imperdonable con la ciudadanía puede llevar a los partidos democráticos a inscribir candidatos ante el grupo de dirigentes del PSUV que mantiene secuestrado al CNE, y que pretende forjar de manera fraudulenta una Constitución totalitaria copiada del comunismo cubano.
“La participación en esas elecciones anunciadas por el gobierno significaría el abandono de los obligaciones contraídas con la ciudadanía en el plebiscito convocado por la Asamblea Nacional, sería aceptar la continuidad de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República, y lo que es más grave sería, en la práctica, aceptar también el nuevo orden jurídico que pretende ilegítimamente imponer el régimen en la nueva Constitución redactada en la Habana”, concluyó.