El magistrado venezolano Tomás Alzuru, que escapó esta semana de la “cacería” en su país, pidió hoy en Miami a la comunidad internacional “reconocerlo” a él y a sus 32 colegas como jueces del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
EFE
En entrevista con Efe, Alzuru señaló que evalúa si va a pedir el asilo político en Estados Unidos, dependiendo la evolución de la situación en Venezuela.
“Todo indica que si la situación persiste en Venezuela y no hay un cambio político al corto plazo, en ese caso solicitaría asilo político seguramente”, expresó Alzuru.
El magistrado señaló que huyó solo, sin su familia, por la frontera con Colombia al sentirse “amedrentado por funcionarios de organismos del Estado” y ver el peligro que corrían los 33 jueces designados por la Asamblea Nacional de Venezuela (AN-Parlamento), de mayoría opositora.
“La presión a la cual fuimos sometidos es demasiado grande, jamás pensé que iba a ser de esa manera, jamás pensé que la cacería iba a ser tan grande”, manifestó.
Alzuru, así como los jueces Alejandro Rebolledo y Antonio Marval, que llegaron esta semana por separado a Estados Unidos, en las mismas circunstancias, dijo que pensó que “por lo menos les iban a respetar las mínimas condiciones”.
“La orden fue que nos iban a perseguir, nos iban a congelar nuestros bienes, nos iban a las cuentas e íbamos a ser objeto de detenciones arbitrarias por parte del Gobierno”, se lamentó.
Los tres hacen parte de los jueces designados el pasado 21 de julio por la oposición, tras el fracaso de la fiscal general, Luisa Ortega, de impugnar los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo, por presuntas irregularidades en su proceso de elección.
Otros de los magistrados han solicitado asilo político a los Gobiernos de Chile y Panamá, y se prevé que algunos de ellos estén en camino a Estados Unidos ante la falta de garantías para ejercer en el Supremo.
Al igual que Panamá, la embajada de Chile en Caracas ha recibido a un grupo de seis políticos nombrados por el Parlamento, de mayoría opositora, que ingresaron a la residencia diplomática solicitando “protección”.
Los 33 jueces en ejercicio fueron designados por el Parlamento, cuando este era de mayoría chavista, en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015.
Tras la elección de los nuevos 33 jueces, el Supremo advirtió a los recién nombrados que estaban incurriendo en “delitos de traición a la patria” contemplados por la justicia militar y pidió asimismo “medidas de coerción” contra todos los que participaron en los supuestos delitos.