Analistas advierten que todas las resoluciones emanadas de la institución son írritas y violan la vigente carta magna.
Comunicado
El pueblo venezolano, depositario del Poder Constituyente mediante el cual se dan las normas constitucionales que lo rigen como sociedad y establecen la estructura y funcionamiento del Estado, ha visto continuamente violentados sus derechos y garantías consagrados en nuestra Carta Magna al ser desconocido su poder de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), tal como lo establece el artículo 347 de nuestra Constitución vigente, por la falta de consulta a los venezolanos para conocer su voluntad sobre la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Nacional, fundamentado en el artículo 348, de llevar a cabo un proceso constituyente presentando este un vicio irrefutable de ilegalidad de origen e indiscutible ilegitimidad al carecer de respaldo popular y evidenciar un carácter impositivo, es por esto que desde la Asociación Venezolana de Consultores Políticos (Aveconpol) expresamos nuestro absoluto rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente ilegal e ilegítima que pretende instalar el gobierno de Nicolás Maduro, la cual representa un atentado contra la democracia venezolana.
Asimismo, condenamos la voluntad del gobierno nacional de coartar el ejercicio de la soberanía popular al llevar a cabo el pasado 30 de julio un proceso electoral fraudulento y violatorio del derecho al sufragio libre, universal, directo y secreto, consagrado en el artículo 63 de nuestra Carta, por su carácter excluyente al establecer un mecanismo sin precedentes que sectoriza y territorializa a la población para la elección de constituyentistas, es por esto que desconocemos los resultados emitidos por el órgano electoral y las acciones derivadas de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, así como también denunciamos la ilegalidad de la elección de sus integrantes.
Por primera vez en nuestra historia republicana un proceso electoral es desconocido por otras naciones, llegando ya a un elevado número de 16 países que manifiestan no solo desconocer el origen de esta instancia de poder, sino también sus decisiones, como es el caso de la destitución de la titular legal de la Fiscalía General d la República, Luisa Ortega Díaz.
Resaltamos la gravedad que representa para la democracia venezolana el carácter prácticamente indefinido al anunciar la duración de la ANC por dos años, cuyo poder “plenipotenciario” atenta contra el Estado de Derecho y el principio de la separación de poderes al reunir el Poder Público Nacional en un solo órgano, dándole amplias facultades al gobierno para continuar usando los recursos del Estado y sus cuerpos de seguridad para reprimir y violar los Derechos Humanos de los venezolanos, por lo que expresamos nuestro rotundo rechazo a la pérdida de más de 100 vidas inocentes que salieron a las calles a elevar su voz y expresar su descontento ante la crisis que atraviesa el país- y la realización de la mencionada Asamblea Nacional Constituyente- producto de la brutal represión ordenada desde instancias gubernamentales.