Nada hay más peligroso en tiempos de cólera que toda una sociedad haya perdido la fe en la democracia. Justamente es ese elemento la argamasa que asegura un mínimo de cohesión y de equilibrio social para la convivencia De hecho, la armazón de toda forma de gobierno democrática se sustenta en la creencia en la legitimidad del poder y de quienes ejercen la autoridad en nombre de la ley. Pero el riesgo de todo recae en la posibilidad también de que se pierda ese motor básico; una dificultad a la que está particularmente expuesto el sistema político venezolano y que hace más difícil poder tener algunas certezas sobre el futuro.
La capacidad de un sistema de gobierno, para exigir obediencia a todos sus ciudadanos, si conquistó el poder mediante un procedimiento democrático, en el cual se llevaron a cabo elecciones en condiciones de competencia, libertad e igualdad, viene otorgada por varias razones. En la literatura de la Ciencia Política se piensa que este comportamiento colectivo responde, o bien al ejercicio del monopolio de la violencia legítima, que infunde temor en la sociedad y genera como resultado obediencia en proporciones recíprocas; o es una consecuencia de la tradición histórica, que ha promovido por medio de la costumbre la necesidad de manifestar una conducta de obediencia a la autoridad. Aunque existe una tercera razón mucho más poderosa, que podría tener más peso de lo dicho hasta ahora.
La mayoría de las formas de gobierno de naturaleza democrática se sostienen sobre la base de un ideal trascendental: conservar en una situación de completa vigencia un conjunto de compromisos para llevar a cabo un proceso de toma de decisiones referidas a toda la sociedad en general, y que involucran el bien común, acompañado del respaldo ciudadano. Precisamente es esta la argamasa social y política a la cual en un comienzo se hacía referencia.
En situaciones de estabilidad y equilibrio la tradición y la costumbre, como motivaciones pueden servir de elementos que garantizan la posibilidad del régimen político de ser receptor de obediencia de la sociedad en general; pero sucede que cuando el sistema político se ve sumergido en un agudo proceso de perturbación, de una profunda crisis sistémica, esas motivaciones pueden verse esfumadas y no se convierten en razones suficientes. De ahí entonces que pase a desempeñar un papel fundamental la creencia absoluta en la legitimidad.
En este sentido, por creencia en la legitimidad se debe comprender la situación en la comunidad política donde un régimen de gobierno adquiere la posibilidad estructural de asegurar hacer cumplir la ley, ante los diversos actores que interactúan a través de múltiples relaciones de poder en ese sistema político; pero también significa creer en las instituciones políticas existentes y en sus mecanismos de control, que demuestran la fortaleza de la norma, y manifiestan la superioridad del gobierno de la ley, por sobre el gobierno de los hombres.
Lamentablemente hoy en Venezuela esa fe en la democracia se mantiene en una situación de riesgo, como resultado de las acciones de un Gobierno transgresor que con su sevicia renunció a los caminos democráticos y a los estatutos de la ley, para volcarse en una senda de absoluta oscuridad. Con esa Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, lejos de establecer un clima de diálogo y de promover relaciones de entendimiento se está profundizando la brecha que separa a más venezolanos.
Los niveles de tensión política nunca antes en la trayectoria de la confrontación entre los actores en el sistema político venezolano habían llegado a estos momentos cruciales. La destitución de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz es tan sólo una mínima demostración de lo que son capaces de hacer. Se ha decidido usurpar la titularidad del soberano para hablar y actuar en nombre de él, en un acto irresponsable y contrario a todos nuestros más sentidos principios constitucionales, democráticos y patrióticos. Pero así actúan todos los Gobiernos populistasque han perdido toda su legitimidad, siempre declarando hipócritamente sus ideales, jurando defender los intereses de los más necesitados, ocultando bajo la fachada de soberanía popular sus intereses mezquinos y abrazando las armas como único soporte desde donde adquirir un mínimo de estabilidad.
Resulta evidente, que el futuro de la democracia en Venezuela está en peligro. Nicolás Maduro sin hesitar decidió optar por el todo: apoderarse de las instituciones; acabar con la disidencia política; profundizar el control social mediante el monopolio estratégico de los alimentos. Pero la amenaza que sigue latente se refiere a cualquier otra elección que se pueda convocar en el futuro. El dilema que se presenta entonces es si aceptar ir a una contienda suponga la suspensión de esa convocatoria, y no aceptarla plantee una elección con las mismas características del sistema electoral aplicado para la ANC: es decir, no competitivas, sin contrincantes, ni controles, diseñada para hacer ganar a la minoría política, sin auditorías; en fin, sin democracia.
Los siguientes pasos a tomar requerirán de una estrategia unitaria que permita conciliar los intereses divergentes, y encontrar elementos comunes, para presentar un plan de acción conjunto definitivo desde el cual poder lograr incorporar las fuerzas políticas protectoras de la democracia, pero no necesariamente a favor de la Unidad, en conjunto con los sectores comprometidos con salvar al país, dispuestos a lograr materializar un cambio político en el sistema a la mayor brevedad. Pero el tiempo apremia, y más cuando se sabe que de ello dependerá el futuro de Venezuela.